El repudio del magisterio a la malhadada reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña y de manera pésima instrumentada por el titular de Educación, Aurelio Nuño, se convirtió ya en el movimiento de resistencia social más formidable de la gestión peñista.
El hecho, por sí solo, debe llamar al gobierno cuanto antes y por vez primera en este sexenio a una reflexión de fondo que conduzca a resolver un conflicto que escaló y que en cualquier momento podría plantear una situación extrema, mucho mayor incluso que la trágica jornada del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, en donde dicho sea de paso ni siquiera se sabe a ciencia real el número de víctimas fatales por los enfrentamientos entre agentes federales , maestros, y grupos antagónicos a la reforma que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La movilización magisterial, que la víspera incluyó un despliegue socialmente importante en el Paseo de la Reforma y los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, debe poner al gobierno a reflexionar sobre la viabilidad práctica de la reforma, aun y cuando ya esté aprobada por el congreso. Es cierto, ya fue aprobada y tiene carácter de ley.
Pero me pregunto incluso con usted afable lector (a) si en estos momentos, en que el país está agitado como nunca antes en este sexenio, qué es más importante: si la preservación de la paz social o el acatamiento a rajatabla de la reforma educativa. Tiendo a pensar que ante el rechazo concitado por la reforma, la incapacidad de hacerla cumplir y la circunstancia nacional, podría e incluso debería alcanzarse un acuerdo político, con la anuencia del legislativo claro, para abrir una tregua entre las partes comprometidas que permitiera el replanteamiento de la reforma.
No es cosa menor la movilización magisterial, con apoyo social, y el repudio a la reforma educativa. De hecho y en el ambiente de crispación nacional que vivimos, no es exagerado afirmar y aún temer que como nunca en este sexenio –que es mucho que decir- en estos momentos se corre el riesgo de perder lo que queda de la paz social en México.
La mayoría de la población está (mos) abrumados por una mala gestión gubernamental, plagada de escándalos y hechos de corrupción, por una clase política desacreditada en los hechos, por un colapso económico que será difícil de remontar, por un crimen organizado que sigue sin dar tregua y por un hartazgo social que se nutre de gravísimas violaciones a los derechos humanos e impunidad y que difícilmente está encontrando cauces de desahogo. La pradera mexicana está seca y se corre el riesgo real de un incendio mayor, dicho esto más con preocupación que con exageración.
El titular de Educación, Aurelio Nuño, rebasado hace tiempo por los hechos que competen a su cartera, mantiene su tono bravucón al decir que la reforma no es el problema, sino la solución. ¡Cuánta estulticia, mayor aún si se considera el momento de crispación nacional! Quizá Nuño diga esto en el estertor de su salida, que parece inminente.
Es tiempo de que el gobierno de Peña, tan reacio a acometer un golpe de timón en circunstancias difíciles, se de cuenta de que esta vez no puede ni debe conducirse como si nada pasara en el país. Los peligros acechan y son enormes. Aún es tiempo de impedir lo indeseable, y no hay exageración en esto. Si acaso, una saludable alerta.
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