Desde los comienzos del México independiente, se crearon Tribunales que defendieran al gobernado de las injusticias y abusos del gobierno, así como sancionar aquellas acciones que vulneraran las normas jurídicas.
En la actualidad, el máximo tribunal del país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezada por los once Ministros, pero ellos solo son apenas la punta del iceberg, porque debajo de ellos están los Jueces y Magistrados, y los Tribunales de Justicia de los Estados, que también cuentan con sus propios jueces y magistrados.
Tal como sucedía en el pasado, estos órganos jurisdiccionales deben velar por la debida impartición de justicia que requieren los gobernados. Estos Tribunales conocen de las diversas materias, como: civil, mercantil, penal, constitucional, derechos humanos, electoral, administrativo, amparo, y próximamente en materia laboral.
Pero en la actualidad se han convertido en el ojo del huracán, más por aquellos que tienen la encomienda de atender los asuntos en materia penal. Sería inocente pensar que en dichos órganos jurisdiccionales no exista el fenómeno de la corrupción, pues incluso nosotros como abogados somos víctimas de eso en algunos Juzgados o Tribunales.
Sin embargo, ello no significa que todos los que se encuentran laborando en las sedes jurisdiccionales sean corruptos, decir eso sería una falacia, tendríamos que llegar al extremo de decir que todos los políticos son corruptos e ignorantes o que todos los periodistas están comprados o que todos los abogados son tranzas.
Pero sucede algo más interesante que impacta en las funciones de estos Tribunales, primero porque la sociedad ha cambiado y se ha transformado al ritmo de lo que vive en su entorno social, unos por la justificación de la pobreza y otros por anhelar más poder y dinero, lo que trae como consecuencia que transgredan las normas jurídicas con tal de alcanzar sus anhelos o expectativas, sin importar a quien afecten en el proceso.
Eso ha motivado el gran incremento de la delincuencia, y por supuesto el aumento de la corrupción y de la impunidad.
Todo ello ha incrementado el trabajo en materia penal, que es donde se deben investigar, procesar y castigar la comisión de los delitos, aunque también es poco reconocida, pues todos los días este trabajo es cuestionado por la opinión pública, los gobernantes y la sociedad.
Desafortunadamente, el actuar de los Jueces y Magistrados de todo el país, se ve envuelto en el fenómeno de la corrupción, incluso hay quienes casi aseguran que son una simbiosis que nunca se separará.
Esa idea se incrementa cuando vemos o escuchamos que un Juez dejó en libertad a una persona a la que se le atribuye un delito –según los medios de comunicación o una fiscalía-, o el hecho de que reclasifique un delito de feminicidio por el de violencia familiar, o el que se critique que un Juez deje en libertad a un miembro del crimen organizado o a uno de sus familiares.
Pero hay alguna diferencia con ordenar que se deje en libertad a otro miembro del crimen organizado, a pesar de que ya se le hubiera detenido, y que no hubiera una determinación judicial para ello, justificando ese actuar con que no quería causar daño a la sociedad.
Creo que si hay diferencia, en este último caso se tomó la decisión sin tener justificación, pero en el caso de las determinaciones a las que llega un juzgador deben analizarse más a fondo.
Principalmente, porque en materia penal el agente del Ministerio Público con sus auxiliares –perito y policías- son los rectores de la investigación criminal, estos deben acreditar y demostrar que se cometió un delito y quienes estuvieron involucrados, a través de elementos de convicción que en su momento serán exhibidos y explicados al juzgador.
Recordando, que el órgano jurisdiccional no debe tener contacto con el expediente que forma el Ministerio Público, lo que en lo personal considero incorrecto, pese a que se crea que ello rompe con el principio de igualdad entre las partes e igualdad ante la ley, pues se ha demostrado en diversos casos que el Ministerio Público se aventura en inventar datos de prueba que no existen en su investigación con tal de convencer al juzgador de la culpabilidad de una persona, y como el juez no tiene acceso a ese expediente no sabe si le están mintiendo o no.
El hecho es que en muchos casos eso motiva a que el Juez tome una decisión equívoca dejando en libertad o procesando a un inocente, eso precisamente puede disfrazarse como corrupción de los jueces pero en realidad es una responsabilidad que debe compartir con el ministerio público y sus auxiliares.
Lo cierto es que en la actualidad, se le pueden atribuir hechos de corrupción a un Juzgador por el simple deseo de generar una nota periodística o para justificar reformas a la ley; lo que conlleva a fomentar las irregularidades de las autoridades ministeriales en el entendido que los únicos responsables aquí serán los Juzgadores, injusto no les parece?
En definitiva, también se deben supervisar y analizar las funciones que llevan a cabo las Fiscalías, la eficacia en sus investigaciones, que no existan actos de corrupción, y el señalamiento de presuntos responsables que a la postre se confirmará su inocencia; pues hemos visto que en casos especiales no siempre las personas detenidas son las que verdaderamente han cometido los delitos, y precisamente en esos casos es cuando el Juez se da cuenta de esa simulación y decide dejar en libertad al imputado en consecuencia el juzgador es acusado en audiencia pública –medios de comunicación- que hubo actos de corrupción, cuando en la realidad el Ministerio Público tuvo la responsabilidad al momento de integrar la investigación.
Reitero, que ninguna Institución o Dependencia están exentas del fenómeno de la corrupción, pero esta no puede generalizarse, aunque lo más benéfico es que deben actuar en conjunto caminando hacia el mismo fin, que es la debida procuración e impartición de justicia.
Respetando en todo momento lo que en su momento promulgó José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.