Por decreto, no se puede eliminar la inseguridad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM) ley suprema de nuestra nación, prevé en su artículo 21 que
la Seguridad Pública es una función del Estado a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. De igual manera, establece que la Seguridad Pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Siendo las instituciones de seguridad pública las Policías Municipales, Estatales y Federales; por supuesto, la Guardia Nacional. Recordando que, de acuerdo con las reformas a la Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, específicamente lo previsto en el artículo 21 Constitucional, establece que la Guardia Nacional es una institución de Seguridad Pública y de carácter civil; es decir, según nuestra ley suprema de ninguna manera pudiera ser o estar bajo el mando militar.
Ello viene a colación ante las afirmaciones del presidente de la República, hace unos días en la mañanera, de que emitirá un decreto presidencial para ordenar que la Guardia Nacional sea completamente militar. Lo que, de inicio, vulnera precisamente el artículo 21 de la CPEUM, pues más que un decreto tendría que hacerse una reforma a dicho artículo constitucional; ya que, un decreto presidencial no está por encima de la Carta Magna.
Pero con independencia de esa violación flagrante a la constitución, que estamos esperando suceda y que aún siguen haciendo las fuerzas armadas funciones de las autoridades civiles; como todo, servirá como cortina de humo para distraer la atención de temas sumamente preocupantes y delicados para la sociedad mexicana.
Dentro de estos temas son la seguridad, seguridad y más seguridad, la cual ya se ve como un sueño inalcanzable en cualquier parte de México. Y aquel que llegue como proyecto de campaña ofreciendo a los votantes más seguridad, tendremos que ver cuál es su propuesta de nación y el tiempo para alcanzarlo, pues, ya no solo debe bastar el dicho del o la candidata.
Para muestra podemos mencionar que entre el viernes 5 y el domingo 7 de agosto de este año, 263 personas fueron asesinadas en todo el país, y 95 de esos asesinatos se cometieron ese domingo.
Solo el viernes 5 de agosto, se cometieron 13 asesinatos en Guanajuato, 13 en San Luis Potosí, y 12 en Nuevo León.
El domingo, 11 ocurrieron en Nuevo León, 10 en el Estado de México, y 9 en Guanajuato, así como en Zacatecas.
De acuerdo con el reporte elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los primeros siete días de agosto del presente año, en el país han asesinado a 560 personas, dando un promedio diario de 80 casos.
De acuerdo con la tabla de “Incidencia Delictiva del Fuero Común, Nacional, 2022” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habla que en el mes de mayo se cometieron 2,428 homicidios dolosos; en junio 2,223, en mayo se cometieron 81 feminicidios y 87 en el mes de julio.
De igual manera, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reporta que va en aumento el delito de feminicidio, ya que en el año 2019 se reportaron 946 mujeres; 2020 fueron 949; 2021 corresponden 978; y 2022 van 479.
Es importante resaltar que el Secretariado Ejecutivo ha señalado que, del periodo de enero a junio de 2022, los municipios donde se han cometido el mayor número de feminicidios son en Guadalupe, Nuevo León, con 10; Juárez, Chihuahua con 8; Ecatepec de Morelos, Estado de México lleva 8; Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México igual 8; y Juárez, Nuevo León 7.
Sin dejar de mencionar, que, del periodo de enero a junio de 2022, las mujeres que han sido víctimas de homicidio doloso son 1,398.
Las cifras que hemos visto son una prueba clara que la estrategia en materia de seguridad no ha funcionado, por el contrario, pareciera un motivador para que la delincuencia continúe cometiendo delitos sin ningún tipo consecuencia legal.
El Gobierno Federal no debe tomar decisiones presidenciales a capricho, no se puede transformar instituciones a voluntad, pues el hecho que las autoridades violen las normas es un incentivo para que los delincuentes sigan cometiendo estos y otros delitos, pues saben que si la autoridad quebranta la norma sin ninguna consecuencia, ellos también tendrán derecho a hacerlo.
Victor Serrano Contreras
@Sersa89003515