El 20 de noviembre de 1910, con la promulgación del Plan de San Luis, dio inicio la gesta revolucionaria que tuvo como principal objetivo el derrocamiento de un régimen oligárquico y despótico encabezado por Porfirio Díaz. Bajo la primicia romántica e ingenua de que la democracia sería el remedio para los males que aquejaban al país, Francisco I. Madero llamó a la lucha armada, sin considerar que el cúmulo de 500 años de inconformidades, injusticias, abusos y excesos de la oligarquía política, de las clases sociales dominantes y del clero oscuro e hipócrita, habría de encontrar voz a través del tronar de la metralla y el sonar de los cascos de caballos; estaría caracterizado por cananas, carabinas y “adelitas”; y estaría marcado por el desorden y la inestabilidad social, política y económica del país.
Durante casi 20 años México se estancó debido a las condiciones de violencia. La inestabilidad política impedía el desarrollo nacional; la economía no encontró cabida en un país incendiado, en el que las diversas camarillas de pseudo revolucionarios, muchos de ellos bandidos disfrazados de reivindicadores, asaltaban poblaciones, caminos y ferrocarriles, al tiempo que infundían terror para así establecer –de facto– nuevos cacicazgos y que el gobierno, notoriamente, carecía de capacidad para hacer cumplir las maltrechas leyes, muchas de ellas vigentes desde el régimen porfirista. Todo ello en un concierto internacional azolado por una Guerra Mundial que mostró las deficiencias de un sistema internacional que abusó del imperialismo y de la colonización, al tiempo que se dejó al descubierto un sistema social injusto y desigual.
El mundo estaba a punto de cambiar. La segunda parte de una guerra inconclusa pronto llegaría, mostrándole al mundo su deshumanización. Ello serviría para que los gobiernos replantearan la voracidad del liberalismo y comenzaran a funcionar como mecanismos reguladores y partícipes de la actividad económica. Mientras tanto en México comenzaba una etapa de permanente pacificación. La publicación de la Constitución de 1917 dio pauta a acuerdos bajo los que se desarrollaría el nuevo Estado Mexicano; se constituyó un partido que aglutinó a todas las facciones revolucionarias para encausar la lucha política de forma pacífica –pero poco democrática– bajo una ideología progresista, libertaria y de reivindicación social, que serviría de instrumento para mantener una continuidad de un proyecto de nación inspirado en brindar “justicia social” a los mexicanos.
En la siguiente entrega hablaremos de las condiciones que siguieron a la concreción del proyecto de nación mexicana surgida por la Revolución.
@AndresAguileraM