La semana pasada, durante Encuentro con el Consejo Directivo Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) el Presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia a un hecho que, muy pocas personas, hacen referencia cuando tratan el tema de la corrupción: que ésta “…no es privativa del ámbito público, lo es también del ámbito privado y, a veces, van de la mano”.
Cierto, la corrupción se alberga en todos los ámbitos y sectores. Se presenta cuando un proveedor hace alianzas –a cambio de afectos, comidas, obsequios, favores o dinero– con el encargado de adquirir bienes y servicios para empresas, a efecto de concederle contratos favoreciéndole sin competencia o apertura. Se genera corrupción cuando una persona, encargada de contratar personal, favorece a familiares y amigos, anteponiendo las capacidades y experiencia de otros al momento de definir quien ocupa una plaza o posición en las empresas. Se genera corrupción cuando se evaden, por medio de argucias y componendas, cumplir con las obligaciones sociales y legales.
Así es, lastimosamente la corrupción es parte de la cotidianidad. Lastima e indigna más cuando se genera en el sector público, pues se obtienen beneficios personales a través del favor del poder del gobierno, cuyo fin primordial es brindar seguridad y justicia al resto de los ciudadanos, pero –sin lugar a dudas– la corrupción es deleznable e injustificable cuando ocurre. Desde sobornar a un policía de tránsito, hasta malversar fondos públicos, todo es corrupción y todo debe ser sancionado.
La corrupción debe ser desterrada como práctica social, pero no será a través de legislaciones que busquen el linchamiento público de funcionarios o el acotamiento indiscriminado de facultades discrecionales de la autoridad como se va a lograr. A mi juicio, hay sólo dos vías para lograrlo: la primera es la concientización y la re civilización de la sociedad, entendiendo y promoviendo el acatamiento irrestricto de las leyes y normas básicas de convivencia, deleznando y sancionando cabalmente cualquier acto de corrupción; lo que implica un camino de largo aliento pero que es la vía más eficaz para lograrlo.
La segunda, indiscutiblemente llevar acabo un combate frontal en contra de la impunidad. Mientras exista absoluta responsabilidad por parte de las instancias públicas por contar con los mecanismos necesarios para sancionar el incumplimiento de la norma, la población entenderá –en el sector público o privado– que corromper –o corromperse–tendrá una consecuencia indefectible que implicará un castigo por parte del gobierno y la sociedad.
Cualquier esfuerzo que no esté encaminado por esa vía, será sólo una fabulosa fiesta con fuegos artificiales que, lejos de cumplir con su objetivo: el combate a la corrupción.
@AndresAguileraM