En los últimos días la aprobación de la legislación secundaria en materia anticorrupción ha cobrado especial relevancia para los medios de comunicación y los opinólogos de las redes sociales. Todos están muy ocupados en el asunto de la obligatoriedad de los servidores públicos de publicitar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, sin percatarse que, en el mismo paquete, se están tomando decisiones que habrán de repercutir, de forma más trascendente, a la esfera jurídica de los ciudadanos.
Mientras todos los ciudadanos interesados en el tema del combate a la corrupción están pendientes si los senadores habrán de acordar la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de los servidores públicos, todos parecieran haber olvidado que aún no se conforma un órgano que, dadas las características de autonomía que ordena la constitución y su intervención en el proceso penal, habrá de estar por encima de los poderes tradicionales del Estado: La Fiscalía General de la República.
Ciertamente la persecución de los delitos es una de las principales funciones del Estado, pues forma parte del complejo de acciones que deben realizarse para garantizar la seguridad de las personas que lo conforman. Perseguir los delitos y ser la parte acusadora en un juicio penal, implica –en si mismo– un gran poder pues, independientemente de las especulaciones y explicaciones que teóricos y defensores del sistema penal acusatorio y adversarial, lo cierto es que sigue siendo la institución que decide a quiénes se les inicia proceso penal y a quienes no.
Hoy en día, tras dos años de haberse aprobado la reforma constitucional, no existen visos de que se apruebe una nueva ley que reglamente la institución que será la encargada de la persecución de todos los delitos del orden federal, con lo que se deja pendiente la consolidación de una instancia clave para sancionar delitos, entre los que se encuentran aquellos que se generan a partir de la corrupción.
Así como esta institución, existen otras que forman parte del sistema anticorrupción de las que no se habla en los medios, pero que son piedra angular para generar un sistema eficaz en el que, verdaderamente, se combata la impunidad y se sancionen los delitos y actos de corrupción.
Si las reglas y normas con las que habrán de operar estas instituciones no son claras o son deficientes, el Sistema Anticorrupción está vaticinado a ser un estruendoso fracaso. Por ello, la sociedad debiera estar más pendiente de los acuerdos que se realizan para ello y no de declaraciones populistas y de relumbrón que cubren acciones vacías y absolutamente inocuas que no servirán, eficazmente, para combatir la corrupción.
@AndresAguileraM.