La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la tan sonada CNTE, se encuentra de plácemes, pues el Gobierno Federal les ha cumplido, prácticamente, todas y cada una de sus exigencias sin que ellos hubieren tenido que ceder un ápice en la beligerancia de sus acciones. La última concesión fue sin lugar a dudas memorable: la
liberación de Rubén Núñez, líder de la Sección 22 y Francisco Villalobos, Secretario de Organización, quienes son procesados por el delito de lavado de dinero y ahora llevarán su proceso en libertad.
Independientemente que la vocería del Gobierno Federal alude a que la liberación obedece a tecnicismos legales, lo cierto es que la sospecha de una negociación está presente, pues se suma a otras más que se han dado en los últimos meses y que, casualmente, iniciaron a partir que se instituyeron las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Pese a ello, el movimiento de la CNTE, que ha estrangulado a los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, sigue y aumenta su belicosidad. Las carreteras siguen tomadas; los comerciantes, sobre todo aquellos en pequeño que viven del turismo y del intercambio de mercancías, siguen padeciendo la ausencia de condiciones para subsistir. La presión de la CNTE crece cada vez que el Gobierno mexicano otorga algún tipo de concesión.
El Gobierno privilegia el diálogo, mantiene mesas de negociación y los puentes de comunicación necesarios para que esta organización siga sin respetar el estado de derecho.
El Gobierno de la República es víctima innegable de un cínico chantaje, al que cede constantemente, permitiendo que la sociedad –no ellos– sea víctima de ese grupo de notorios delincuentes que, escudados tras la máscara del magisterio y de una pseudo lucha social, delinquen y –de facto– secuestran a las poblaciones de los estados del sur oeste del país.
El respaldo social y la simpatía que el movimiento de las secciones pertenecientes a la CNTE había generado en la sociedad, prácticamente, se ha desvanecido. La gran mayoría de la población está en desacuerdo con las acciones que han realizado, pues notoriamente atentan contra la vida y libertad de las personas.
Ya no hay elementos de negociación, pues se han cedido a –prácticamente– todas las peticiones al movimiento disidente del magisterio. Sólo falta la abrogación de la reforma constitucional en materia educativa. Cediendo a ello, el Estado Mexicano habrá abdicado en sus obligaciones con lo que condena su legitimidad y fuerza.
Por ello, podemos afirmar que es momento en el que las autoridades federales y estatales actúen y hagan cumplir la ley. Ya no hay pretextos. Es momento en que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones y haga efectiva la Ley, pues ceder a chantajes y negociar con criminales implica ceder a la ingobernabilidad y a la negación de la existencia del gobierno.
@AndresAguileraM