El pasado día 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se crea la Ley de Seguridad Interior, que es un complemento al andamiaje jurídico que da sustento a las acciones de Seguridad que realiza el Estado. Efectivamente, es un marco normativo que puede ser perfectible y que sólo se sabrá de su efectividad, hasta en tanto cobre vigencia.
Esta ley regula, entre otras muchas cosas, el actuar de las fuerzas federales en la atención de amenazas reales a las que se enfrenta el Estado Mexicano. No, no son especulaciones de alguna trasnochada teoría conspirativa; tampoco es un instrumento de persecución o espionajes políticos es, en esencia, la certeza jurídica tanto para los ciudadanos como para los elementos castrenses, las policías y agencias gubernamentales. Es decir, esta ley pone orden y regula acciones que, desde la fundación del Estado Mexicano, han sido realizadas con absoluta discrecionalidad por parte del Presidente de la República.
A partir de esta aprobación, muchos grupos de ciudadanos organizados han mostrado su inconformidad con ello. Aducen que este instrumento normativo será el mecanismo para mantener la militarización de la República; que habrán grandes violaciones a los derechos humanos y que será un mecanismo de dominación de la población por el “malévolo” régimen. Nada más lejano a la realidad y nada más falto de sustento. Me explico:
Las leyes sirven para reglamentar y precisar las formas en las que habrán de actuar las autoridades. Sin la ley, la autoridad no existe y sus actuaciones se podrían considerar —por decir lo menos— como ilegales. Dudo mucho, por estricta lógica, que la pretensión de los legisladores con esta ley sea brindarle un mecanismo de poder omnímodo al Presidente de la República y a las fuerzas castrenses. Por el contrario, las constriñen y las obligan a cumplir con requisitos, protocolos y mecanismos. También instituyen mecanismos de defensa a los ciudadanos para combatir cualquier abuso de parte de las autoridades. Sin embargo, todavía hay quienes suponen que, al amparo de una ley, sus derechos pueden ser conculcados por decreto.
El discurso políticamente correcto, emitido desde la comodidad de los escritorios y módulos de investigación, basado en suposiciones, prejuicios, desinformación e ideologización, trata de imponerse a una realidad que cada vez es más violenta y brutal.
Las organizaciones criminales se han ido profesionalizando y no tienen límites; en tanto que las fuerzas del Estado Mexicano tienen la obligación de ceñirse irrestrictamente al marco constitucional, que lamentablemente tienen marcos jurídicos incompletos que lejos de brindarles herramientas, les atan las manos para cumplir con su deber. Por ello promulgar una ley que legalice su actuar es absolutamente indispensable para que realicen las funciones que les fueron otorgadas —ciertamente por la necesidad y las circunstancias— de la mejor manera y, sobre todo, dentro del marco de la ley.
Cualquier planteamiento o intento de detener la aprobación de este marco legal es un atentado hacia la seguridad de la nación. La Ley de Seguridad Interior es una necesidad imperante para la gobernabilidad y estabilidad de la nación, pues de ella dependerá, en gran medida, la seguridad de todos los mexicanos.
@AndresAguileraM