La seguridad de las personas es la principal función del Estado. Por eso existe; para eso
fue creado. De otra manera, no se podría justificar su existencia, ni mucho menos el poder de dominación y sometimiento que sus instituciones tienen sobre sus habitantes. Por tanto, todas las acciones que se realizan por parte del gobierno y las instituciones deben estar encaminadas para lograr este fin prioritario. Sin embargo hoy, en México, pareciera que esta obligación estatal ha sido relegada para un momento posterior, pues pareciera que se están privilegiando más las consideraciones de naturaleza político-electoral, reivindicatorias y asistenciales que la obligación de brindarle seguridad a la población.
Según el Índice Global de Impunidad México 2018 (https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf), estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia A.C. (CESIJ), nuestro país ocupa el cuarto lugar de impunidad a nivel global y se encuentra a la cabeza de las naciones impunes de América.
Este estudio, que consta de poco más de 100 páginas, reseña una metodología que —en resumen— analiza diversos datos estadísticos obtenidos tanto de instrumentos oficiales como por investigaciones de campo en los que se detallan las deficiencias de todos los eslabones que conforman el sistema de seguridad, procuración e impartición de justicia en el país, mismos que impiden sancionar las conductas delictivas. Ahí se precisa que el homicidio es un delito que prácticamente no se castiga en México, lo que se explica debido a problemas estructurales de las instituciones de seguridad y procuración de justicia que, entre otras cosas, carecen de agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidad operativa y reactiva para atender este ilícito.
Ello explica que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published), en el primer bimestre de 2019, las cifras de homicidios se incrementaran en un 13.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De conformidad con las cifras oficiales, se registraron 8 mil 524 homicidios durante el primer trimestre del año, lo que implica un promedio de 101 asesinatos al día.
Como podemos apreciar, la impunidad es —sin lugar a dudas— el principal problema que enfrenta México en materia de seguridad. Ello explica que, de forma grotescamente cotidiana, conozcamos de hechos deleznables y lastimosos como la masacre de Minatitlán, en la que 13 personas perdieron la vida, incluidas un niño de un año de edad.
Por ello es urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y atienda las causas primigenias de la impunidad y resuelva las deficiencias sistémicas de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues en ello estriba el abatimiento a la impunidad. Cuando el Estado recupere su capacidad real de investigar, perseguir y sancionar delitos, será cuando verdaderamente —y sin demagogias— se recobre la seguridad de los mexicanos.
@AndresAguileraM