La crisis sanitaria producida por el virus COVID-19 ha dejado sentir sus secuelas en diferentes ámbitos de
la vida social. Además de la incertidumbre, zozobra y miedo que se vive por esta condición anómala, la disminución de la movilidad social, aunada al cierre de centros de prestación de servicios, actividades económicas y demás negocios considerados no esenciales, han hecho que la situación económica de muchas personas se vea seriamente afectada. El trabajo remunerado decae diariamente. Del 18 de marzo al 30 de abril, las instancias oficiales declaran que en México se perdieron más de 700 mil empleos formales. Los pronósticos señalan que en el país se perderán entre 900 y un millón.
Este escenario es sumamente preocupante, en el entendido que el empleo es la base de cualquier sistema económico y, como tal, una parte fundamental del desarrollo de la sociedad. Si las partes de la maquinaria fallan todo se detiene; el gobierno deja de recaudar y no pueden realizar sus funciones; la gente no recibe salarios y dejan de adquirir bienes y servicios. En síntesis: todo se paraliza, generando cadenas de problemas que causan inestabilidad, inseguridad y —consecuentemente— ingobernabilidad.
Para ello el gobierno debe tomar las medidas que considere necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas. Principalmente aquellas que, si bien no puede abatir la anomalía, aminoren sus efectos perniciosos en la sociedad. No es tarea sencilla, pues requiere de mucha sensibilidad y —sobre todo— de templanza y objetividad para tomar las decisiones que sean necesarias para afrontar la amenaza. Es decir, las instancias políticas de dirección deben asumir el liderazgo para el que fueron electos.
Dada la circunstancia, vale recordar otro pasaje de la historia de nuestra nación. El General Manuel Ávila Camacho fue conocido como el “Presidente Caballero”, pues fue un hombre que supo lidiar con las circunstancias de su tiempo. Cuando inició su sexenio, se enfrentó con graves problemas tanto nacionales como internacionales.
En esos años, había una política internacional desfavorable y de encono con las potencias mundiales, producida —entre otros factores— por la Expropiación Petrolera de 1938 y su consolidación en 1940 y por el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial. Al interior, existía una profunda división entre las facciones del Partido de la Revolución, los expresidentes de la República y la oposición. Se mantenían las luchas políticas intestinas y los levantamientos armados.
El Presidente Ávila Camacho estableció como prioridad el diálogo y el consenso en pos de la Unidad Nacional, pues —según sus cercanos— siempre priorizó el bienestar general sobre la ideología y visión personal. Esa actitud fue la que permitió que la gobernanza, la economía y el desarrollo social crecieran en promedio 10% del PIB durante su sexenio.
Así, de nueva cuenta, la historia nos da una historia que nos permite precisar que el diálogo, la unidad y el consenso son características fundamentales de cualquier líder en un estado de emergencia nacional.
@AndresAguileraM