La crisis sanitaria por la que atravesamos, por la pandemia del virus SARS-CoV-2, —al menos para algunas autoridades— pareciera haber desaparecido los otros problemas que siguen generando graves estragos en la vida de la sociedad mexicana. La violencia es uno de los que, pese a los intentos y distracciones oficiales, sigue estando latente en todos los confines del territorio nacional.
Un tipo de violencia que en particular preocupa y debiera ser ocupación prioritaria de todos, es la que —de siempre— viven ciento de miles de mexicanas de forma diaria y cotidiana. Antes de decretarse la emergencia sanitaria, fuimos testigos de grandes protestas que visibilizaron esta dramática situación. El ocho de marzo, cientos de miles marcharon en nuestras principales ciudades gritando y visibilizándose para, al día siguiente, desaparecer de la dinámica social, tal cual y como ocurre con quienes son víctimas de feminicidio. Una llamada de atención fuerte y contundente.
Desgraciadamente, la emergencia sanitaria nos obligó a detenernos; a encerrarnos para salvarnos de un enemigo microscópico que ha terminado con 925 mil vidas en el mundo, siendo el continente americano el más afectado: poco más de 593 mil. De ahí, otra cifra que aumentó es la de víctimas de feminicidio. De conformidad con el documento “Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto del COVID-19” de las organizaciones “Equis”, Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios e Intersecta; sólo en abril, se registró un promedio de 12 asesinatos de mujeres diarios. Asimismo, durante ese mismo mes, se registró un aumento considerable en las llamadas relacionadas con violencia familiar, sexual y contra las mujeres, registrando 103 mil, 117.
En conclusión, podemos afirmar que el encierro aumentó los niveles de violencia. A la par, las exigencias de reivindicación y justicia simplemente dejaron de estar en la calle, para mantenerse en espera de que las condiciones les permitieran regresar a lucha por el derecho elemental de vivir en paz y con dignidad. Sin embargo, y pese a la emergencia sanitaria, varios colectivos de mujeres violentadas, y aquellas que forman parte de los que exigen la investigación de las desapariciones, decidieron arriesgar sus vidas y volver a la lucha. Las tomas de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de varias comisiones estatales, dan cuenta de ello.
No es un tema menor; es la primera vez en la historia que un conflicto social presiona de esa forma a esa institución del Estado Mexicano y lo hacen, ante lo que —afirman— es un abandono de sus principios, obligaciones, causas y fines.
La situación de violencia contra las mujeres es ya insostenible. Más allá de presiones, pasiones, posturas y politiquería, es momento en que el Estado actúe en consecuencia y asuma su papel de rector y garante de la vida y libertad de las personas, sobre todo en estos momentos en los que más de la mitad de la población del país está en riesgo.
Nuestra Independencia no puede ser completa hasta desterrar la violencia de género de nuestra vida social. Por nuestra verdadera libertad, una justicia equitativa y una democracia efectiva: ¡Proscrita la violencia contra las mujeres!
@AndresAguileraM