El 12 de mayo de 2022 será una fecha que marca mi vida para siempre. Hoy se discute el dictamen en sentido positivo por el que el
Congreso de la Ciudad de México ratifica el nombramiento que me otorgó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como Magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De ser aprobado, tendré el alto honor de formar parte de un cuerpo colegiado cuya función principal es resolver las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de las Salas Ordinarias, que actualmente se encuentra integrada por personas expertas en derecho, altamente especializadas y con una amplia experiencia académica, jurisdiccional y administrativa, en la que se analizan, además del acto de autoridad y la resolución de validez o nulidad recaída sobre de él.
Este hilo tan rebuscado de actos implica no solo el actuar jurisdiccional, sino la materialización de los derechos de acceso a la justicia y a la buena administración pública, que se hacen presentes en una institución cuya función principal es equilibrar el ejercicio de derechos de los ciudadanos con el actuar de la autoridad, con lo que se hace presente el anhelo democrático de evitar el avasallamiento del ciudadano ante el poder incontenible del Estado.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es una institución en la que confluyen muchos intereses, que van desde la preeminencia del derecho del particular, la convicción de la autoridad porque se preserve el acto que emitió, los terceros directamente interesados en el resultado a la controversia y, en general, la sociedad expectante porque los criterios emitidos por el órgano jurisdiccional impacten de forma positiva y coadyuven con el gobierno a definir el rumbo y ruta de determinadas políticas públicas y acciones gubernamentales.
Así, puedo afirmar que el Tribunal juega un papel sumamente importante para la gente. Es coadyuvante en la gobernanza, ya que, por su función, se torna en un garante de un actuar legal y correcto de las autoridades, al tiempo que sus criterios son guías para mejorar el desempeño del gobierno e, incluso, para la prestación más eficiente de servicios públicos, además de contribuir a la paz social.
Este honor, que me ha sido concedido, permite que alguien como yo, que desde que inicié mi preparación profesional lo hice con la orientación del servicio público, encuentre gran satisfacción en poder contribuir, con mi experiencia y conocimientos, al desarrollo de esta relevante función en la que, junto con los criterios y conocimiento de mis pares, habremos de resolver controversias en las que —de alguna manera— coadyuvemos a mejorar las actividades y dinámicas de la vida social, a través de la certeza jurídica con respecto al actuar de la autoridad.
De ser beneficiado con el respaldo y aprobación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, refrendo mi convicción y compromiso por aportar mis conocimientos y experiencia a favor de las mejores causas, velando siempre por el respeto irrestricto y protección a los derechos humanos y la búsqueda incesante del bien público.
Hoy comienza una nueva etapa en mi desarrollo profesional y, como tal, refrendo nuevamente mi convicción por seguir sirviendo a la Ciudad de México con un profundo patriotismo y el deseo incesante por servir y abonar al bien público.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM