La quema de comercios se ha convertido en una de las últimas prácticas que ha adoptado el crimen organizado para someter a los empresarios en que se encuentran ubicados en el territorio nacional. Así, en los últimos cinco años, la prensa nacional ha documentado por lo menos 141 incendios provocados en 17 estados de la República, en los que podría estar implicada la delincuencia organizada.
El incendio de negocios, como mecanismo de presión del crimen organizado, comenzó en Ciudad Juárez en 2008 y se extendió por el resto del país, en donde algunos locales comenzaron a ser incendiados por grupos de la delincuencia organizada para forzarlos a pagar “derecho de piso”. Esta práctica era casi exclusiva de los estados del norte de la República; hoy, por desgracia, se ha extendido al resto del territorio nacional como un terrible cáncer que no cesa y no cede, pese a los esfuerzos y acciones emprendidos por el Estado Mexicano.
Según diversos especialistas en temas criminales, esta táctica o método no es exclusivo de grupo o cartel específico, pues ha sido utilizado igual por “los Zetas”, “el Cartel del Golfo”, “los Caballeros Templarios” y hasta por pequeñas bandas delincuenciales, que han encontrado en este mecanismo una manera eficaz de extorsionar a quienes producen riqueza mediante prácticas comerciales.
Hoy por hoy, el terror que se genera a través de este tipo de acciones, merma la confianza en el país y se disminuye la inversión, al tiempo que el capital emigra a lugares más seguros, en donde la economía puede fluir con normalidad, sin temor a las prácticas barbáricas que implementa el crimen organizado. Así, mientras la actividad violenta e insegura predomine en una parte importante del territorio nacional, la situación económica del país irá en declive y, consecuentemente, habremos de tener crecimientos marginales que difícilmente permitirán llegar a los estándares de bienestar que estamos deseando.
Por ello hacemos votos por que el Estado retome su papel de garante de seguridad y ejerza, en términos de ley, las facultades legales y legítimas con las que cuenta y que declinó en aras de un neoliberalismo mal encausado e incomprensible.
Entretelones.
Los Gobernadores de Oaxaca y Guerrero pretenden una contrarreforma educativa, presuntamente consensada con las secciones Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, disidente del Sindicato, quienes niegan su respaldo a estas propuestas. Entonces ¿a quién le quieren hacer el trabajo sucio? ¿será a la líder que hoy es sujeta a un proceso penal?