La Expropiación Petrolera, aquel heroico acto realizado por el General Lázaro Cárdenas del Río, forma parte de una serie de emblemas que han dado cimiento a la cultura y al estado mexicano moderno.
Es parte –al igual que otra serie de simbolismos– del inconsciente colectivo nacional y de las características esenciales del mexicano.
Hoy, aquel decreto expropiatorio, publicado el día 18 de marzo de 1938, cobra fuerza y revuelo ante una discusión propiciada por el gobierno federal que pretende romper con el mito de la nacionalización y abrir los espacios de inversión sobre la extracción, producción y refinación de los productos derivados del petróleo y de otros hidrocarburos que han sido competencia exclusiva del Estado.
El gobierno de la República ha iniciado una feroz campaña de difusión que pretende buscar la aceptación popular respecto a su propuesta, que radica esencialmente en abrir la posibilidad de que particulares participen en la explotación de los hidrocarburos, lo que para muchos es una privatización de PEMEX.
En esta discusión las posturas de los tres principales partidos se han hecho patentes: el PAN apoya una apertura total del sector; el PRD se opone a la a la privatización y se pronuncia por modificaciones a la legislación secundaria y al esquema fiscal de la paraestatal, al tiempo que el PRI apoya la iniciativa presidencial que pretende, a todas luces, abrir el sector a la inversión privada, al tiempo que maneja un discurso polivalente que, en ocasiones, se torna confuso e impreciso.
Los argumentos esgrimidos por los principales promotores de la reforma –léanse el Secretario de Hacienda y el Director General de PEMEX– en las diversas entrevistas proporcionadas a los medios de comunicación, no convencen a la opinión pública, pues sus argumentos carecen de contundencia respecto a los beneficios que traerá para la población.
En todas ellas hablan de una mayor inversión para promover el desarrollo de la industria energética en el país, pero en ninguna ofrecen pruebas que acrediten y respalden su dicho. Son férreos defensores de la participación del sector privado en los procesos vinculados con los hidrocarburos, sin que por ello convenzan a la colectividad de sus bondades pues, hasta el momento, parecen haber otras alternativas para el desarrollo de PEMEX.
El tema dará para más, pues la reforma difícilmente podrá concretarse en los próximos días. Hoy el principal reto del gobierno es, precisamente, convencer a un colectivo que califica de sacrílega cualquier pretensión privatizadora del sector energético mexicano.
@AndresAguileraM