La existencia del gobierno tiene su fundamento, primordialmente, en la obligación de brindar seguridad a todos los que se encuentren dentro de su jurisdicción, por eso es que tiene el monopolio de la fuerza legítima, por eso es que tiene cuerpos de seguridad autorizados para ejercerla y con ello evitar la transgresión del normal desarrollo de la sociedad.
En pocas palabras… ¡Por eso existe!
El uso legítimo de la fuerza es un instrumento que distingue al gobierno de cualquier otra institución. Es el único que está autorizado y reconocido por todos para obligar a la obediencia de la ley aún en contra de la voluntad de quienes deciden no cumplirla. Sin embargo, esa facultad es declinada por quienes tienen mando sobre los cuerpos que la ejercen, bajo el temor político –muchas veces infundado– de caer en el descrédito ensombrecido por la sospecha del autoritarismo.
Muestra de ello se presentó el pasado viernes 23 de agosto, cuando la Ciudad de México vivió uno de los días más caóticos de su historia reciente. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon el Circuito Interior, junto con los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo haber tomado el Zócalo de la Ciudad de México y las sedes de las Cámaras de Diputados y Senadores, quienes lejos de solicitar el apoyo a los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México, tuvieron a bien congregarse en un centro de convenciones ubicado al poniente de la capital para alejarse del bloqueo y poder cumplir con sus obligaciones constitucionales de crear leyes.
Como respuesta de la acción legislativa, hoy los mal llamados “maestros”, en una abierta provocación al gobierno y a la sociedad, salen a las calles, toman avenidas y exigen al Poder Legislativo Federal desdecirse por estar en desacuerdo de una reforma en la que, la mayoría de las personas “de a pié” estamos completamente de acuerdo: evaluar a quienes enseñan y desechar a los que no sirven para ello. Todo bajo un clima de absoluta impunidad, en donde la fuerza de los disidentes se impone a la facultad fundacional y legítima del Estado de brindar seguridad jurídica y de hacer valer la ley por encima de la voluntad individual o de grupo.
Hoy la autoridad declina su obligación en pos de preservar un diálogo inexistente e infructuoso con quienes, a todas luces, sólo buscan desestabilizar a la nación y someternos como rehenes de un chantaje por preservar prebendas inmerecidas. ¿Para cuando asumirán las autoridades su obligación de gobernar?
@AndresAguileraM