Los días 26 y 27 de octubre, serán recordados como una jornada negra para el estado de Michoacán. Nueve subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, cuatro gasolineras incendiadas y el ataque indiscriminado a los grupos de autodefensa aglomerados en el Centro Histórico del Municipio de Apatzingán, donde fallecieron una veintena de personas que arteramente fueron emboscados por grupos del crimen organizado, fueron los saldos que arrojó la guerra intestina que se padece en esa entidad federativa.
Desde el 2008, el estado ha sido azolado por los embates reiterados de grupos de delincuencia organizada. Así, ejecuciones, cobros de “derechos de piso”, “levantones”, enfrentamientos armados, el surgimiento de grupos de “autodefensa”, dan vista de un escenario de guerra que pareciera no ver su fin.
El abandono de las autoridades locales, la cooptación de los cuerpos de seguridad del estado, la infiltración de personajes del crimen organizado en las posiciones de decisión gubernamental durante las administraciones pasadas –y, quizá en la actual–, hicieron que el problema creciera al grado de que hoy, ni con la presencia y operación de las fuerzas federales –llámense ejército o policía federal– se pueda lograr retomar la tranquilidad.
Ante este escenario crecen las voces que exigen la desaparición de poderes en Michoacán, como si el simple cambio de autoridades fuera suficiente para enfrentar este mal. Ciertamente la infiltración del crimen en todas las esferas de gobierno es un hecho irrefutable, como lo es también que se requieren estrategias más contundentes, eficaces y definitorias para poner fin a esta condición de “virtual insurgencia” que predomina en la entidad, pues no basta con la sustitución de la burocracia, sino tomar el control integral de las condiciones sociales en la entidad.
Por ello –considero– es indispensable que el Ejecutivo Federal valore suspender garantías y establecer un estado de excepción en el territorio michoacano, para con ello, efectivamente, tomar control de la entidad para entablar una nueva situación política, jurídica, social y económica, que coarte las condiciones de operación del crimen organizado.
Ciertamente parece una medida drástica, pero, sin lugar a dudas, la situación lo amerita. Condiciones de ingobernabilidad como las que tuvieron lugar el fin de semana son una alerta roja para la gobernabilidad no sólo del estado de Michoacán, sino para el resto de las entidades de la República, por ello el Gobierno Federal debe tomar las riendas con fuerza y decisión para así cumplir con su función fundamental: brindar seguridad a los habitantes que conforman el Estado.
@AndresAguileraM