Ciertamente, tras 75 años, la industria petrolera ha aportado importantes recursos al país, mismos que indudablemente han sido utilizados para su desarrollo y progreso. Cientos de hospitales, escuelas, carreteras, etc., han sido realizados con los réditos y rentas de los hidrocarburos.
Hoy estamos llegando a lo que inevitablemente será una reforma que habrá de cambiar al país y que pone en juego el futuro de las generaciones venideras. Es necesario brindar una solución, viable, cierta y –sobre todo– responsable al problema energético que enfrentamos como nación.
Por desgracia, al día de hoy sólo conocemos resúmenes de documentos de trabajo que han sido filtrados a la prensa y que –por desgracia– vaticinan una entrega de los medios de extracción, producción, distribución, refinación, etc., a intereses particulares que difícilmente habrán de generar un beneficio social, sobre todo si consideramos que la historia reciente nos ha enseñado que las entregas y privatizaciones, deficientemente fiscalizadas y pésimamente reguladas, sólo generan más ricos y no abaten la lastimosa y grosera pobreza en la que viven millones de nuestros compatriotas.
Estoy convencido que, en materia energética, la participación del Estado debe ser preponderante sobre aquella de naturaleza privada. No niego que la participación del empresariado nacional y extranjero sea necesario, pero tampoco concedo la hipótesis que presupone que sólo los particulares son inmaculados y tienen la capacidad de administrar riqueza. No olvidemos pues que, en el mundo, existen múltiples ejemplos de empresas estatales eficaces que compiten en el mercado internacional y que coadyuvan en la generación de riqueza para los integrantes de los Estados.
Hoy tenemos la posibilidad de fortalecer a nuestra industria petrolera y transformarla para que sirva fervorosamente a la gente, pero es necesario hacerlo de frente a la nación y a los ciudadanos, con reglas claras que permitan al gobierno realizar una fiscalización eficaz y controlada de la administración y eficacia de las instancias –públicas y privadas– encargadas de los temas energéticos, que permitan que las rentas sigan siendo destinadas para el desarrollo del país y no para engrosar las arcas de quienes ya son ricos.
Para ello, es necesario que esta discusión se haga pública y no en cónclaves furtivos, realizados en la oscuridad de las oficinas gubernamentales, pues el tema demanda publicidad y claridad para todos quienes seremos afectados –directa e indirectamente– con sus consecuencias, pues debemos estar conscientes que la transparencia siempre será el mejor aliado de un gobierno que busca incrementar su legitimidad.
@AndresAguileraM.