A finales de septiembre, se suscitó uno de los hechos violentos que habrá de marcar el presente sexenio: policías municipales, junto con miembros del crimen organizado, atacaron con armas de fuego a un contingente de estudiantes normalistas de Ayotzinapan. Tras este penoso ataque, 43 de estos jóvenes desaparecieron. Tres semanas después,
aparecen fosas clandestinas con cadáveres mutilados e incinerados que presumiblemente pueden ser estas nuevas víctimas –no de la inseguridad– sino de la complicidad e incompetencia de los gobiernos municipales y del estado de Guerrero.
Ante esta situación, no se hace extraño que el ejercicio del poder de visos de estar cooptado por el crimen organizado quienes, sin recato, inciden y aportan recursos a las campañas políticas de quienes disputan cargos de elección popular, para así tener influencia y –en cierta forma– protección para poder realizar sus funestas actividades. Sin embargo, es menester de los órganos de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como los encargados de la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas electorales, revisar y vigilar la limpieza de los mismos pues de ello dependerá la incidencia o no de la criminalidad en las instancias de gobierno.
Si se baja la guardia, el crimen se apoderará de la fuerza pública encargada de combatirlos. Si los que aspiran a ocupar cargos de elección popular aceptan los recursos, están reconociendo su subordinación hacia los funestos intereses que los apadrinan: se vuelven empleados asalariados con dinero manchado de sangre. Lo acontecido en Ayotzinapan y la persecución del alcalde de Iguala, es una muestra de muchas alcaldías, diputaciones y demás cargos de elección que están bajo este supuesto. Deja desnudo un problema que está creciendo y que sólo podrá detenerse con un manotazo bien puesto y la asunción del control total por parte de las instancias federales. No basta el envío de tropas y la capacitación de las policías locales. Se requieren medidas extremas. De esta forma, la desaparición de poderes señalada en la Constitución, hoy se vuelve una opción que, indiscutiblemente, debe ser valorada por el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, pues estos son, precisamente, las condiciones que previó el constituyente de Querétaro para poder mantener el control y función del Estado: brindar seguridad a las personas que habitan en el territorio nacional, para sustituir las deficiencias e incompetencias de los gobiernos locales.
@AndresAguileraM