O lo que es lo mismo: cómo desviar la atención de temas de severo impacto e importancia social hacia puntadas
legislativas, armadas con ánimo oficioso de quedar bien con el alto mando. ¡Y las presumen sus autores! Seamos serios.
Por cierto, dígame usted cómo amaneció el precio del kilo de huevo y el de pollo, o si le interesa saber qué diablos ocurre con el proceso al que está sometido Genaro García Luna en Estados Unidos, mientras en México tooodos los días hay ejecuciones, inseguridad.
¿Y el Metro?
Pero, pero…
Pregunta técnica:
¿Cuántos documentos oficiales registran la firma del bachiller Moisés Ignacio Mier Velazco como licenciado en administración y contaduría, a lo largo de su carrera como funcionario público, en cargos que requieren de título profesional del cual carece?
Y es que, confeso de carecer de título profesional dizque por convicción de que los títulos no sirven para nada, muy acorde con la referencia contra los aspiracionistas, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) habría incurrido en, por lo menos, la comisión del delito de usurpación de profesión.
¡Recórcholis, Batman!
Mire usted, el pasado martes 24 de enero de 2023, cuando estaba en lo alto el affaire de la ministra Yasmín Esquivel Mossa por haberse plagiado la tesis con la que se tituló como licenciada en Derecho, Ignacio Mier se sinceró:
“(…) Y entonces tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice; yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso en ese momento. Y consideraba que no porque no correspondía a lo que yo había estudiado”. ¡Sopas!
En serio, seguramente usted lo recuerda. Fue declaración pública de Mier Velazco, aspirante a gobernar el estado de Puebla y que, además de presidir la Jucopo en la Cámara baja, es coordinador de la diputación federal de Morena.
Seguramente el bachiller Ignacio Mier sabrá lo que los enterados refieren acerca del delito en el que ha incurrido al presentarse como licenciado en administración y contaduría, por cuanto a que “(…) desempeñar actividades sin contar con el documento expedido por la Secretaría de Educación Pública, se castiga no sólo como una falta menor, sino como un delito contemplado en la fracción II del artículo 250 del Código Penal Federal que a la letra dice:
“Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:
- ...
- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.”
Sin duda, sin duda, por ahí, en el archivo del Instituto Nacional de Educación para Adultos, delegación Puebla, habrá documentos firmados por Ignacio Mier cuando se desempeñó como subdelegado.
O más grave por elemental, cuando militaba en el PRI ocupó cargos como el de Coordinador General de Planeación e Inversión en el Gobierno de Puebla, además de Secretario del Centro de Estudios para el Desarrollo Comunitario en Puebla.
Entre 2005 y 2008 fue Secretario General del Ayuntamiento de Puebla --encabezado por el entonces presidente municipal Enrique Doger Guerrero-- cargo que requiere de título profesional.
Formalmente, Ignacio Mier se convirtió al morenismo en 2017, porque, ¿qué cree?, cuando en 2006 renunció al cargo en el municipio de Puebla para ser candidato a senador nominado por la coalición Por el Bien de Todos, derrotado volvió al cargo porque el alcalde Doger además de ser su jefe y amigo, era su socio en la propiedad del diario Cambio.
Su ficha curricular, oficial, casualmente carece de mayor información acerca de dónde y cuándo cursó la licenciatura y los años en los que era distinguido priista, diputado local y federal en la LVII Legislatura. Por algo será.
Pero mintió.
Aunque el 20 de diciembre de 2022 Mier Velazco ocupó su espacio real en el tablero de las grandes ligas, disciplinado militante que quiere ser gobernador y en esa ruta la lisonja es una buena divisa.
“Y, además, señor presidente (López Obrador), decirle que, teniendo como testigo este Salón de la Tesorería, majestuoso, decirle, refrendarle que sus diputadas, sus diputados no tenemos la mínima duda, que no cabe la menor duda de que nuestra coalición Juntos Hacemos Historia lo estamos haciendo y lo estamos haciendo convencidos.”, declaró Ignacio Mier.
Por supuesto, para la lisonja no se requiere de título profesional.
Ya entrados en gastos, en esto de las puntadas legislativas, seguramente la diputada federal por Morena, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, autora de la iniciativa que se aprobó en la Comisión de Gobernación, relativa a la actualización de sanciones a quienes injurien al Presidente, senadores, diputados y funcionarios públicos, seguramente no escuchó al licenciado López Obrador ni a Ricardo Monreal, quienes rechazaron dicha iniciativa
La joven legisladora presumió en su cuenta de FB la aprobación de la iniciativa que, por cierto, presentó en febrero del año pasado, y adelantó sería aprobada en el pleno cameral.
¡Lástima, diputada! Ignacio Mier, su coordinador aseguró que el tema no está en la agenda de Morena y, por ende, pues la frenó rumbo al pleno.
¡Recórcholis, Kalimán!
Y, bueno, en esto de la pretensión de quedar bien, no olvide la iniciativa que, en el Congreso de la Ciudad de México, presentó Alberto Martínez Urincho, diputado local de Morena, el 15 de noviembre del año pasado.
Martínez Urincho propuso una iniciativa para la reelección presidencial. Estaba calientita la marcha del domingo 13 de noviembre, en la que participaron cientos de miles de ciudadanos en defensa del INE.
Elemental propuesta oficiosa que entrañaba reforma al artículo 83 constitucional para acotar a 4 años el periodo de gestión presidencial con la reelección inmediata por similar periodo. Copia del periodo presidencial en Estados Unidos. ¡Válgame!
Pero no prosperó; se quedó en una puntada como ocurrirá con ésta de la reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, para aumentar las multas en caso de injurias al Presidente de la República, gobernadores, secretarios de estado o quien ocupe la jefatura de gobierno de la ciudad, dictamen aprobado en la Comisión de Gobernación pero que no llegará ni siquiera a mención en el pleno cameral.
Dicta el artículo 33 de la Ley de Imprenta que injuriar a servidores públicos del nivel referido, puede ser considerado “ataques al orden o a la paz pública”.
De acuerdo con el tumbaburros, injuriar, sinónimo de ultrajar, implica “ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad y etcétera, especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia”.
Pero se cayó el negociazo en cash desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional hacia allá, acá y acullá. ¿A poco no?
Injúriame por piedad, yo te lo pido.
Me gustaría hablar bien del licenciado presidente, pero… Conste.
Moisés Sánchez Limón
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