La pregunta que todos deberían hacerse es si al ciudadano de a pie le interesa más subsidiar, con sus recursos y la calidad de sus servicios púbicos, un
concepto ideologizado de soberanía, o pagar tarifas de electricidad, de gas y gasolina, menos onerosas para su bolsillo.
La discusión sobre la reforma eléctrica podría servir para discutir todo el modelo energético que promueve el actual gobierno en contra de lo que se hizo en el pasado y se denominó, genéricamente, Reformas Estructurales.
El debate sobre la supuesta autosuficiencia en producción de gasolinas se reduce a dos opciones: Importar gasolina barata de casi cualquier parte del mundo o producir gasolina cara en México, mediante subsidios o precios elevados, con petróleo importado porque nuestras refinerías no puede procesar el crudo pesado que Pemex extrae del subsuelo mexicano.
En materia eléctrica la disyuntiva es la misma: se apuesta por masificar la autogeneración a gran y pequeña escala, reservando a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la distribución, o se cancelan permisos y contratos firmados con generadores privados, se cambian las reglas de la autogeneración y se obliga a todos a comprar la electricidad producida por la CFE; contaminante y sobre todo carísima, con el consecuente deterioro de las finanzas públicas, las empresariales y las de los ciudadanos.
El debate ha alcanzado absurdos increíbles y peligrosos, pues además del maniqueísmo, la mentira y la manipulación de cifras y lecturas, se han convertido en la fórmula política y socialmente aceptada de discusión.
En esta forma irreflexiva e incivilizada, pero sobre todo ineficaz de discutir, Manuel Bartlett Díaz se ha distinguido especialmente. Es el promotor y difusor de datos falsos y manipulados, además de conceptos rebasados y equivocados que exhiben una profunda ignorancia. Es también el autor de una peligrosa andanada contra el Estado de derecho. Bartlett ha hablado públicamente, de forma específica contra el derecho de propiedad y contra el cumplimiento de los compromisos internacionales que México adoptó al incorporarse al mundo global del libre comercio. Ha acusado de robo a diversos agentes económicos cuando sus palabras muestran que no sabe qué es, jurídicamente, un robo. Adicionalmente, ha revestido de un espíritu expropiatorio y antiempresarial a la reforma eléctrica, que ni siquiera el presidente López Obrador se había atrevido a presumir.
Bartlett dice que las empresas privadas se roban la energía eléctrica y por eso pagan menos que un particular. Ni se la roban ni pagan menos por el KW que el hogar mexicano promedio. Pagan, y ya circulan las tablas comparativas completas que lo sustentan, menos que los hogares de alto consumo, pero más que los hogares promedio y que los más pobres. Su tarifa “preferencial” se debe a que como empresas, generan buena parte de la electricidad que utilizan y la producen a un costo más bajo que la CFE. Si la generan ellos, entonces es suya. En ese caso no hay robo simplemente porque hasta un alumno de bachillerato sabe que es imposible robarse algo de su propiedad. Increíble, pero sus dicho indican que Bartlett no lo sabe.
Aparte está el amago de suspender los contratos de autogeneración que tienen empresas privadas con la CFE. Si esos contratos tiene pactadas sanciones aplicables a quien decida abandonarlos (todos las tienen), habría que pagar esas sanciones o someterse a un arbitraje internacional que sin duda, fallaría por el pago a cargo de México a consecuencia del incumplimiento de lo pactado.
Pagar las sanciones, que ya es mucho y agudizaría las dificultades económicas del país, no sería nada comparado con el daño futuro que México sufriría como consecuencia. Si lo que Manuel Bartlett ha declarado no es corregido pronto desde la Secretaría de Hacienda o desde la Presidencia, el país ya se puede despedir de grados de inversión y futuras inyecciones de capital extranjero para hacer negocios por una simple razón: México estaría consolidando la impresión, ya creciente, de que no es un destino recomendable para la inversión porque su gobierno no garantiza la seguridad jurídica de los activos de los inversionistas, ni tampoco el derecho de propiedad de los particulares en general.
Las consecuencias de fortalecer esa impresión, que empezó a generarse con la cancelación del NAIM de Texcoco, condenarían al país a no crecer lo suficiente y, consecuentemente, a elevar el déficit que ya presenta en generación de empleos. Menos inversión significa menos crecimiento, menos empleos, menos consumo y también menos recaudación de impuestos. Adicionalmente, ese círculo perverso solo provoca más pobreza, más necesidad y, en el mediano plazo, más inseguridad por el aumento de la delincuencia y la ausencia de recursos financieros, ya sea para formar mejores policías, o para abrir más escuelas que alejen a los jóvenes de la tentación de enrolarse en las filas del crimen organizado, justo lo que se pretende con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
En el mundo de hoy, las señales que se envían a los mercados, nacionales y extranjeros, desde la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, sí importan y también cuentan. Por eso quien despache en esa oficina debe tener, además de sólidos conocimientos de economía y administración, pública y privada, una formación jurídica y política de vanguardia que entienda que en el siglo XXI ningún país puede crecer y desarrollarse, si está aislado o peleado con el capital y con la comunidad internacional. Manuel Bartlett, definitivamente, no tiene ese perfil.
@EnvilaFisher