La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM presentada por Armando Contreras Castillo, un diputado de
Morena, que propone quitarle a la Junta de Gobierno la facultad de auscultar a la comunidad para elegir al Rector y organizar una elección por voto directo, universal y secreto de los miembros de la comunidad universitaria, parece otro distractor, uno de muy alto nivel, para dirigir la atención hacia otro lado: la UNAM, justo cuando la relación bilateral con los Estados Unidos alcanza su punto más bajo y complicado a raíz del secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses, en Matamoros.
Pero, aunque parece un distractor, después de lo que lo que se vio con el Plan B en materia electoral y sus implicaciones para las elecciones de 2024, nadie podría asegurar que la ocurrencia de Armando Contreras sea sólo eso, y menos aún que automáticamente se le enterrará en las comisiones legislativas.
El poco respeto por los límites establecidos en el texto constitucional ya quedó de manifiesto en dos ocasiones al menos: la Ley de la Industria Eléctrica y el paquete de reformas que impactan el quehacer electoral, conocidas como Plan B. Así, nadie puede garantizar hoy que vulnerar la autonomía de la UNAM con una reforma, también anticonstitucional, que pretende trastocar el proceso de elección de su próximo rector, sea solo una ocurrencia y no un proyecto.
Esos antecedentes prácticos, combinados con la ineficaz salvaguarda que representa el requisito de la mayoría supercalificada en la Corte para declarar anticonstitucional una ley, le han dado a la mayoría parlamentaria de hoy, una autopista legal, pero al mismo tiempo contraria a la Constitución, para diseñar y hacer prosperar normas contrarias a los derechos humanos y, por supuesto, a los límites de carta magna.
El proyecto del diputado morenista Contreras Castillo tiene, además del vicio de violar flagrantemente la autonomía universitaria prevista en la fracción VII del artículo 3 constitucional, otros problemas legales. Quizá el más notorio sea su conflicto con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 20 de abril de 2021. En esa norma, diseñada y aprobada por la mayoría parlamentaria de Morena, se establece con claridad que “Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, (de las universidades) en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas”.
Adicionalmente, en el tercer párrafo del mismo artículo se establece que “Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.”
El objetivo de esta norma, de reciente creación, es garantizar que cualquier reforma legislativa que pretenda modificar la forma de gobierno y administración de las universidades autónomas, surja de sus propias comunidades y no de agentes externos a ellas, pues solo así se puede garantizar, en términos reales, su autonomía constitucional.
En este caso, la exposición de motivos de la iniciativa de Armando Contreras es prolija en rescatar antecedentes históricos y en narrar, desde su visión, justas y momentos que dieron origen a la forma de gobierno actual de la UNAM, pero solo para justificar su pretensión, o la pretensión de sus jefes políticos, de someter la próxima elección del rector de la UNAM a una votación directa, universal y secreta, de toda la comunidad universitaria. En el proyecto no hay ni consulta a la comunidad de la UNAM, a sus órganos de gobierno, ni mucho menos una respuesta explicita de sus órganos de gobierno colegiados: el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno.
En realidad, lo único que la iniciativa garantizaría en caso de que se le diera trámite, sería enredar a la UNAM en una disputa interna que acabaría, de inmediato, con sus estabilidad, que garantizaría una guerra intestina y que interrumpiría su funcionamiento, con todo lo que eso implica en costo para las y los estudiantes que actualmente cursan estudios en la institución, que pretenden titularse para incorporarse al mercado laboral, con un empleo o como profesionistas independientes, y con ello empezar a cambiar su vida y la de sus familias.
Si la iniciativa de ley del diputado Contreras es algo más que una ocurrencia, si se trata de una instrucción, si tiene prioridad y se le da trámite en el Congreso, como ocurrió con el Plan B, lo que vendría sería mucho más que solamente un distractor. Sería, para efectos prácticos, la garantía de un desgastante y peligrosísimo conflicto interno en la UNAM, de dimensiones que hace mucho, mucho tiempo, no se ven en ella, con las peores consecuencias imaginables para la institución que prepara profesionalmente a los hijos de las familias menos favorecidas de México.
Periodista, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dirigió durante 15 años la revista CAMBIO y Radio Capital. Fundó y dirigió durante cinco años Greentv, canal de televisión por cable especializado en sustentabilidad y medio ambiente. Ha sido comentarista y conductor de diversos programas de radio y televisión. También ha sido columnista político de los periódicos El Día y Unomásuno, además de publicar artúculos en más de 20 periódicos regionales de México desde 1995. Es autor de los libros “Cien nombres de la Transición Mexicana”, “Chimalhuacán, el Imperio de La Loba” y “Chimalhuacán, de Ciudad Perdida a Municipio Modelo.