La pregunta es simple aunque la respuesta puede resultar compleja y políticamente incorrecta para algunos: ¿Se deben
modernizar, remozar, rehabilitar, un inmueble, un barrio, una colonia, una alcaldía o una ciudad? A la luz de la protesta violenta contra la gentrificación ocurrida la semana pasada en la Colonia Condesa, una importante cantidad de personas, no necesariamente mayoritaria, rechaza la modernización y el remozamiento de inmuebles, colonias y calles, porque eso eleva el valor de casas y departamentos, encarece el precio de las rentas y también el costo de los servicios; en resumen, eleva el costo de la vida.
El mejoramiento de los servicios en cualquier comunidad, incluyendo el establecimiento de rutas de transporte, Metro, Metrobús y ahora Cablebús, eleva el valor del suelo en aquellas colonias beneficiadas por esas obras. De hecho, desde hace décadas la autoridad se reserva el derecho de cobrar a los vecinos beneficiados por obras que elevan el valor de sus propiedades. Aunque en tiempos recientes no lo ha hecho de forma directa sino por la vía de la actualización del impuesto predial, la ley contempla la contribución de mejora, un concepto del Derecho Fiscal, por aquellas obras públicas que han elevado el valor de un inmueble y con ello, aumentado el patrimonio de los propietarios.
El mismo predio cambia su valor en función de su situación jurídica y dotación de servicios públicos. No vale lo mismo un terreno invadido en los años noventa en Teotongo, Iztapalapa, que el mismo ya regularizado, con escrituras, toma de agua, energía eléctrica y conexión al drenaje de la ciudad.
Así como las mejoras al inmueble y al entorno elevan su valor de venta y de renta, las mejoras educativas de las personas aumentan sus capacidades y oportunidades para ganarse la vida, pues las preparan para acceder a mejores salarios. Los niños van a la escuela para aprender a leer y escribir y los jóvenes asisten a la universidad para adquirir una profesión que les permita mantenerse y superar la calidad de vida alcanzada por sus padres. La universidad cambia la vida de muchos egresados y en ocasiones, también de sus familias. Para eso es la educación.
La única forma posible de mantener el valor de los inmuebles sin aumentos, o con aumentos mínimos porque siempre habrá inflación, y por lo tanto el precio de las rentas en, más o menos, los mismos niveles, es cancelar el mantenimiento directo de los propietarios a sus inmuebles y permitir su deterioro, pero también suprimir las obras públicas de mejora: líneas de Metro, Metrobús y Cablebús, así como la introducción y mejoramiento de servicios públicos. En pocas palabras, la única manera de evitar que aumente el costo de la vida es prácticamente abandonar predios y colonias, permitir su deterioro y con él su devaluación, hasta convertir a la ciudad en una copia de las peores zonas de La Habana.
Para que eso ocurra, los propietarios y también los arrendatarios en su caso, deben estar dispuestos admitir el deterioro de su calidad de vida, en aras de evitar, o aminorar, los aumentos de renta.
En el extremo, hasta la educación es un obstáculo para congelar las cosas y mantener el costo de la vida, en aras de no expulsar a nadie de “su barrio”. Quien se prepara lo hace, entre otras cosas, para vivir mejor. Eso implica lograr mejores salarios para acceder a mejores viviendas, propias o rentadas. La educación sirve para despertar al aspiracionista, como dijo el clásico, que todos llevan dentro, y aspirar a una mayor calidad de vida conlleva, dentro de las reglas del mercado, poder vivir en un lugar mejor.
La gentrificación es un fenómeno del mercado en el que todos, nacionales, extranjeros, ricos, clasemedieros y menesterosos, participan desde que demandan mayor seguridad y mejores servicios públicos. Presentarla como otra expresión de la lucha de clases es una equivocación peligrosa, como se vio la semana pasada, que solo llevaría al deterioro gradual de la ciudad, como ya lo demostró la experiencia de los decretos de rentas congeladas que estuvieron vigentes por décadas en la Ciudad de México.