Siete meses después, Claudia Sheinbaum y su popularidad no logran detener la crisis de violencia que se intensificó a
partir de la detención e inmediata liberación de Ovidio Guzmán, por su antecesor.
Como canción de Thalía: “No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen no pasó, no pasó”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intenta convencernos una y otra vez de que miembros de su gobierno y su partido nada tienen que ver con los cárteles de las drogas en México, aunque los cientos de evidencias indiquen justamente lo contrario.
En julio de 2024, un piloto “desconocido”, el asesinato de un político sinaloense, al menos dos gobernadores involucrados -de Sinaloa y Sonora- y la traición entre cárteles, fue el marco de la captura de uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, que inició su carrera hace más de 50 años: Ismael “El Mayo” Zambada.
Las primeras versiones oficiales del gobierno encabezado en ese tiempo por Andrés Manuel López Obrador no pasaron la prueba del ácido: la verdad y la certeza son inexistentes en los gobiernos de la transformación. Contrario a como actuaría un estadista, vimos a un presidente a punto de concluir su mandato, defender lo indefendible y justificar a su amigo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que mantienen todavía en el poder, a pesar del desastre que ha significado su gobierno para los sinaloenses y para los mexicanos en general.
Más enojado que incómodo, más humillado que informado, el tabasqueño que sentía tener el control del territorio nacional, se tropezaba una y otra vez con las versiones de su propio gabinete de seguridad y exhibía nuevamente, ante el mundo, la debilidad institucional de nuestro país, originada por sus cariñosos “abrazos” a la delincuencia organizada.
Siete meses después, Claudia Sheinbaum y su popularidad no logran detener la crisis de violencia que se intensificó a partir de la detención e inmediata liberación de Ovidio Guzmán, por su antecesor. Como lo hemos mencionado en otras entregas, la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y su exigencia de combatir a los cárteles de las drogas, han puesto en jaque al gobierno mexicano, que solo atina a reaccionar.
Las evidencias en fotografías, contratos, viajes y reuniones, que se suman a las visitas y los saludos a Badiraguato de los morenistas y sus aliados en el poder, con miembros del crimen organizado, brotan todos los días, para dejar al descubierto que “con ellos, llegaron todos… los cárteles”.
La carta de "El Mayo", que presagia “el colapso de la relación bilateral, si no lo regresan a México”, aceleró la respuesta del régimen, que en todos estos años ha demostrado su desprecio por la Constitución y las leyes, al grado de destruir uno de los poderes de la Unión, y ahora se dice respetuoso de las mismas.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ha solicitado cuatro veces su extradición, una respuesta que genera más suspicacias, no por la obligación legal de la Administración Pública Federal, sino por la rapidez con la que se atiende dicha solicitud, cuando en otros casos de víctimas de delitos, sus voces han sido ignoradas.
Por si fuera poco, la estrecha relación entre el abogado de “El Mayo" Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, y la prominente clase política de Morena, no hace más que confirmar los señalamientos del gobierno norteamericano hacia nuestro país como un Narco-Estado.
La revelación de las complicidades que los obradoristas desde hace décadas fueron tejiendo para llegar al poder, debería sacudir a la sociedad mexicana, para detener el avance de un movimiento que disfrazado de “humanista”, nos empuja todos los días al precipicio. La clase política que arribó al gobierno con la mentira de “vivir con 200 pesos en la cartera”, en realidad nos demostró que los sótanos de la transformación, incluyendo el segundo piso, están atiborrados de las “aportaciones voluntarias” provenientes del crimen organizado, aunque ellos se empeñen en repetir “No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen no pasó… no pasó”.
En la oposición, estamos obligados a emprender acciones contundentes y claras que nos permitan recuperar el Congreso Federal en 2027. Además de las denuncias públicas, debemos dar señales firmes de cambio, sin simulaciones y sin complicidades con el oficialismo, que aún debe rendir cuentas sobre sus peligrosos vínculos.
ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ
POLÍTICA Y ACTIVISTA