Líderes de culto, abogados defensores de jefes de los cárteles, acosadores sexuales e incluso posibles integrantes del
crimen organizado, son algunos de los candidatos a ocupar distintas posiciones en la tan citada “transformación” del Poder Judicial. El tema ha sido denunciado por diversas organizaciones civiles, entre las que destaca el trabajo de Defensores Mx, quienes puntualmente han señalado los riesgosos perfiles que estarán en las boletas el 1 de junio.
El oficialismo había justificado la elección popular para ministros, magistrados y jueces, con el argumento de que previo a la elección, comités de evaluación propuestos por los tres Poderes de la Unión, serían el filtro para presentar “las mejores propuestas”. Por eso, resulta inverosímil que los integrantes de dichos comités no se percataran que estaban preseleccionando a ciertos perfiles con peligrosos señalamientos, que tiran por la borda la narrativa de que la propuesta de reforma al Poder Judicial es en beneficio del “pueblo”.
No es posible, por ejemplo, que en el comité de Arturo Zaldívar no se identificara a Fernando Escamilla Villarreal, abogado de “El Z 40” que aparece defendiéndolo en un video, al lado de Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que protagonizó a inicios del año uno de los escándalos más visibles del gobierno federal y sus posibles vínculos con el crimen organizado.
Otros ejemplos en los que quiero abundar son Job David Wong Ibarra, ministro de culto, Madián Sinaí Menchaca Sierra, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, miembros de la Luz del Mundo y férreos defensores de Joaquín Naasón García, sentenciado en Estados Unidos y con nuevos cargos federales que incluyen trata y tráfico de personas, violación, abuso sexual, pornografía infantil y lavado de dinero.
Los vínculos cercanos de estos personajes con el también llamado “Apóstol de Jesucristo”, en caso de resultar electos, son preocupantes, pues a pesar de que las mismas acusaciones que se hicieron en Estados Unidos también se realizaron ante las autoridades mexicanas, las carpetas de investigación en nuestro país duermen el “sueño de los justos”.
Como lo he señalado en diversos espacios, Joaquín Naasón García extendió sus tentáculos políticos en muchos municipios del país, con regidores, diputados locales y funcionarios en ayuntamientos que han sido su vínculo con el poder que le garantiza impunidad. Pero sin duda, su mayor fuerza la tiene con la colocación de miembros de su iglesia en el Congreso de la Unión, como el exdiputado federal y ahora senador de la República Emmanuel Reyes Carmona, o Israel Zamora Guzmán, exsenador por el PVEM y actual vocero de Morena.
En el 2020, luego del escándalo internacional que significó la detención de Naasón García, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la Iglesia de la Luz del Mundo, en las que se encontraron indicios de la comisión de algunos delitos, entre ellos, la posibilidad de lavado de dinero y, un año después sin mayor explicación, las cuentas bancarias fueron liberadas.
Con el asalto al Poder Judicial y la próxima elección del 1 de junio, los líderes de la Luz del Mundo pretenden colocar sus “fichas” en este poder de la Unión y así ampliar sus lazos de impunidad.
Estos hechos denunciados ante las autoridades electorales son solo algunos ejemplos de los peligros que enfrentamos como país, por la forma en que se elegirán a jueces, magistrados y ministros. La simulación democrática impulsada por el oficialismo, bajo el pretexto de la participación del “pueblo”, derrumbará por completo el equilibrio de poderes, eliminará los contrapesos institucionales, generará mayor impunidad en la impartición de justicia y colonizará, con la integración de los poderes fácticos, al Poder Judicial.
No se puede negar que, en la lista general de candidatos, se encuentran perfiles con amplia experiencia profesional y carrera judicial, sin embargo, la fuerza electoral del oficialismo, con el uso del aparato gubernamental, anula la credibilidad en el proceso, pues para nadie es desconocido que mientras la pretensión final de los miembros de la transformación es sólo mantener el control político, la justicia para los mexicanos puede esperar.
Adriana Dávila Fernández
Política y activista