Hablar sobre la tragedia de Ayotzinapa, es sin duda hacer contacto con una de las fibras más sensibles del ya lacerado tejido social mexicano. Como padre de familia, me uno al dolor incomprensible que cada una de las familias guerrerenses deben de estar viviendo en este momento, la incertidumbre debe ser la carga más pesada dentro de su padecimiento.
Sin embargo, desde la óptica de ciudadano, hay una línea que distingue el dolor genuino y la legítima causa social, de los familiares y allegados directos a los normalistas desaparecidos; es imposible pasar por alto, los violentos acontecimientos que se han suscitado las últimas semanas, inspirados en el movimiento de la desaparición de los 43 estudiantes y que “grupos sociales” se han aprovechado de la situación que nada tiene que ver con él mismo.
Los últimos días, las movilizaciones por este caso, han estado impregnadas por el vandalismo, violencia, el caos y la rapiña; muchas de ellas terminan con heridos, por comercios asaltados e incluso por edificios incendiados; personalmente no creo que esas sean las intenciones de los padres de los estudiantes desaparecidos, pero vislumbro que ciertas voces, han encontrado el momento perfecto para hacerse escuchar, lamentablemente a través de actos que lejos de legitimarlas, poco a poco las van desacreditando.
Al día de hoy, dentro del estado de Guerrero diariamente se pierde un millón de pesos tratándose de Acapulco, donde el daño al sector turismo es casi incalculable, de continuar esta situación pronto estarán en riesgo cerca de 80 mil empleos; en Iguala, los comercios han menguado sus ganancias hasta en un 80%. En este sentido, la situación en Michoacán no es distinta, hace unos días la CANACINTRA dio a conocer que tan solo a finales de octubre en esa entidad la perdidas alcanzaban ya varios millones de dólares; finalmente la capital mexicana, comparte las mismas características, la manifestaciones, los bloqueos de vialidades, el saqueo de negocios han dejado al momento una pérdida de 100 millones de pesos (según la CANACOPE).
Este panorama es sombrío y ha obligado a las cámaras y asociaciones de comercio mexicanas a levantar la voz, a pedir que su sentir junto con el del pequeño comerciante y emprendedor sean escuchados, pues por cada negocio que se cierra, aproximadamente cinco personas pierden el sustento diario de sus hogares, y otros hijos quedan al desamparo. Entonces surge la pregunta: ¿Quién aboga por estos afectados? ¿Quién les devolverá las pérdidas a sus negocios? ¿Quién recuperará los empleos formales se pierden?
No se puede pedir justica mediante la práctica acciones delincuenciales, está claro que la desaparición de los normalistas, corrió a manos del gobierno municipal del de Iguala y Cocula, en coordinación con los “Guerreros Unidos”, ambos gobiernos el estatal y el municipal emanados del PRD y no es un tema federal y tampoco del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, quien le entro al mismo a petición de la instancia local. Por ello me sumo al rechazo de la violencia de esas organizaciones que tienes intereses “obscuros” y que solo generan destrucción y caos, porque su derecho a la libre manifestación termina cuando se afecta a terceros.