El 3 de Julio del año pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al concluir la revisión y análisis de los 26 amparos interpuestos por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo siguiente: La Reforma Educativa, privilegia el interés superior de los menores y el derecho a
una educación de calidad por encima del derecho laboral de los profesores, en ese entendido: 1. Es constitucional el sistema de evaluación para los maestros, mismo que es obligatorio para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio del Estado; 2. Se permitirá el cese de los docentes que tienen nombramiento provisional, y que en su momento no aprueben las tres evaluaciones que se conceden para su ingreso, promoción y permanencia en el cargo; 3. Aquellos profesores que tienen un nombramiento definitivo y que no obtengan una calificación favorable, deberán salir de las aulas y ser reubicados; 4. Los maestros que se nieguen a ser evaluados, deberán ser cesados inmediatamente; 5. Los docentes que falten tres días consecutivos o discontinuos de manera injustificada, en un periodo de 30 días, podrán ser separados de sus cargos.
En ese momento, la coordinadora perdió la lucha legal y opto por enfatizar en sus demás instrumentos de presión ya por todos conocidos (plantones, marchas, obstrucción de vías de comunicación, etc.) y justo cuando se pensaba que la batalla la podía tener perdida, esto en razón de la detención de algunos de sus líderes y la merma en sus recursos financieros; el movimiento se tornó meramente político a través del apoyo de MORENA y su líder Andrés Manuel López Obrador, y la CNTE recuperó fuerza y presencia en diversas Entidades de la República Mexicana.
Sin embargo, a poco más de tres años que el conflicto lleva en pie, los alumnos de las entidades más pobres de México (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) ya no son los únicos afectados con este movimiento social, ahora, es el sector empresarial quien deja ver su disgusto por las acciones que se reflejan en los bolsillos no solo de patrones o empresarios, sino también de miles trabajadores que han perdido sus empleos a causa de las acciones de afectación que realiza la coordinadora, como ejemplo, tenemos las declaraciones vertidas en días recientes por Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial máximo quien ha mencionado: “Basta ya, los derechos, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de dialogo. Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley”.
Esto en números, según lo advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, se traduce en pérdidas para empresas y negocios por un monto de 4 mil 200 millones de pesos en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca, esta última Entidad, reporta un cierre de más de 2 mil 600 negocios, y de continuar esta situación, pronto estaremos viendo una desaceleración en el crecimiento de esa zona del país, de ahí la justificación a las palabras de Castañón, la lucha " social" de la CNTE, paso de ser legitima a ilegal y económicamente insostenible.