A raíz de la detención de los exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Javier Duarte de Ochoa, los comentarios plagados de mala fe, no se han hecho esperar, abundan las suspicacias con tintes electorales, sobre todo, en las entidades
en donde se renovarán las gubernaturas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México.
En la entidad mexiquense, la panista Josefina Vázquez Mota y la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, se han esforzado mucho y sin frutos, por vincular a Del Mazo con Duarte, a todas luces se nota que las acusaciones que lanzan, son sólo por ganar puntos en la contienda del 4 de junio.
Sin embargo, hay que precisar que la administración del Presidente Peña Nieto, ya ha sujeto a proceso penal a ex gobernadores priistas, a Andrés Granier Melo de Tabasco y al Gobernador interino de Michoacán Jesús Reyna García, sin hacer menos que el ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta en libertad su proceso.
Así las cosas; y sin embargo, es preciso puntualizar que se trata de un tema serio, el cual debe verse con toda objetividad, muy lejos de estar buscándole la connotación electorera; aquí, la reflexión obligada estimado lector, es sobre la realidad del gobierno que hoy nos representa, un gobierno que no tiene precedentes en cuanto a la persecución y castigo de la corrupción, se trata pues de un probado combate a la impunidad de la clase política, lo que al tiempo habrá de devolvernos a la ciudadanía la confianza en nuestras autoridades.
Primero, en noviembre del año pasado, fue aprehendido, el exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías(PAN), después sin importar la extracción partidista, el gobierno presidencial envía de nuevo, un mensaje muy claro de cero impunidad, y atrapa a Yarrington y a Duarte.
Es decir, es el repudio ante quienes abusaron de su cargo, y desprestigian la confianza ciudadana y , por ende las instituciones del gobierno deben cumplir con su deber; que en el caso por lo menos en el caso de Tomás Yarrington (1999-2004), debió cumplirse desde el primer sexenio presidencial panista, con Vicente Fox Quesada, tiempo en que ya existían las averiguaciones en su contra, y sin embargo, vino después Felipe Calderón, y tampoco pasó nada, hasta ahora, que el gobierno de Enrique Peña, ha logrado sentar las bases anticorrupción.