La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado y que fuera aprobada por la Cámara de Diputados el día jueves 30 de noviembre, enfrenta a diversas críticassobre todo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), activistas y organizaciones sociales, entre otros quienes argumentan que la participación del ejército podría suponer una violación los Derechos Humanos, pero lo que no debemos
olvidar que el las Fuerzas armadas, participan en funciones de policía desde el año 2006, cuando el entonces Presidente de la Republica, Felipe Calderón Hinojosa, le declaró la guerra al narcotráfico, que desató que los principales Carteles, que eran el Cartel de Sinaloa, Del Golfo y de Tijuana, se fracturaran y se transformarán en más de un centenar de pandillas por todo el país, lo que ha hecho más difícil su combate.
La disposición normativa define que la Seguridad Interior tiene como objetivo esencial “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”, por lo que no deja lugar a dudas, que dicho ordenamiento legal es para mantener la gobernabilidad y estabilidad del país, combatiendo cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano.
Por su parte el ejecutivo federalmanifestó: “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejo de ser una propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”, y el presidente Enrique Peña Nieto delimito que además del orden interno, es “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.
Esta iniciativa ha sido lo suficientemente cabildeada y discutida por más de dos años, por lo que reconozco la responsabilidad con la actuó la Cámara de Diputados al aprobar la misma y deseo que en el Senado, los legisladores actúen con responsabilidad y no se dejen chantajear o manipular por agentes externos, nacionales o internacionales que desconocen las necesidades reales del país.
Sin embargo algunos grupos que se dicen defensores de los derechos humanos, como Gerardo Fernández Noroña, muy cercano en su momento de Andrés Manuel López Obrador o la Senadora de MORENA, Layla Sansores, han dicho sin un solo elemento de prueba, que se pretende militarizar al país, solo hay que recordarles a todos estos grupos, que son los Gobernadores de los Estados quienes piden el apoyo del Gobierno Federal, para que vaya la Policía Federal, el Ejército, la Marina y la Fuerza Área, ante la imposibilidad de hacer frente a la delincuencia por parte de los gobiernos municipales y estatales emanados de todos los Partidos Políticos.
Por ello mi insistencia de que el tema debe ser presentado ante el pleno del Senado, y aprobarse, durante prácticamente dos años el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha solicitado de todas las formas, que se apruebe la ley de seguridad interior, para que tengan un marco legal y de temporalidad de la participación de la Fuerzas Armadas en las entidades que no quieren comprometerse en preparar policías confiables.
Solo termino preguntándole a los opositores a la Ley de seguridad interior. ¿Cuántos muertos civiles, soldados y marinos mexicanos necesitan para aprobar la misma?