A finales del año 2016, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADORdurante el II Congreso Nacional Extraordinario de MORENA en la Ciudad de México, dio a conocer la propuesta delnuevo proyecto alternativo de nación, cuya finalidad sería gobernar
con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad y actuar con austeridad.
El pasado jueves, su equipo hizo públicas algunas de las medidas que entrarían en vigor en cuanto AMLO asuma el cargo como Presidente.En primer término, plantearon proponer la reforma al artículo 108 de la Constitución, para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción, suspender todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos yconsiderar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción; plantearon medidas como:evitaradquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios; la compra de sistemas de cómputo en el primer año de Gobierno, reducir a cinco asesores por Secretaría en el Gobierno federal, desaparecer los bonos, caja de ahorro especialy gastos médicos para funcionarios, no habrá gastos médicos privados,entre otras.
Destaca también el hecho de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será adscrito a la Secretaría de Salud y la figura de la Primera Dama desaparecerá.
Las propuestas además de interesantes, son atractivas, solo me alarma una cuestión; ¿qué pasará con esos más de 200 mil servidores públicos de confianza quienes serán despedidos? Son el 70% por ciento de la burocracia en el Poder Ejecutivo, mas sus familias quienes se encuentren en el supuesto de tener un ingreso que van desde los 9mil 308 pesos hasta los 211mil 440 pesos. Esto sin contar al Poder Judicial y organismos autónomos. Yo no quiero entrar en la polémica si el salario es alto o bajo, lo cierto es que todos trabajamos e invertimos en educación porque queremos mejorar nuestro ingreso y el de la familia, por lo que considero que la nueva administración debe ser muy cuidadosa en sus pensamientos dichos en voz alta.
Llama la atención las coordinaciones regionales del Gobierno Federal, quienes serán “todos poderosos” Vale la pena valorar si en efecto, la centralización del poder –como todo parece indicar- traerá mayor beneficios a los más de 120 millones de habitantes en México; si la estrategia de austeridad es funcional, redituable y eficiente; si los índices de pobreza y corrupción realmente bajan y si la atención a los ciudadanos será cordial- como lo señala el propio Plan dado a conocer-; y los servidores públicos que conformen la Administración Pública Federal, serán suficiente para atender las demandas sociales. Demos el beneficio de la duda a partir del primero de diciembre del 2018.