A un año de la llegada de López Obrador al poder y apropósito del Dia Internacional de los derechos humanos, nuestro país
sigue atrapado en una crisis de violencia. De manera expedita este Gobierno reconoció la grave crisis que hace balance de la situación y constata los escasos avances, lo que no hicieron administraciones anteriores. La gestión del flujo migratorio o la estrategia de seguridad estrategia, Derechos Humanos y violencia de genero son de los principales casos.
De acuerdo al último informe de Amnistía Internacional señala que apenas en cinco semanas, 13 policías fueron asesinados en Michoacán después de un ataque de un presunto grupo criminal; 15 supuestos integrantes de un grupo armado aparecieron muertos, apilados en la batea de una camioneta en Guerrero, después de un presunto enfrentamiento con el Ejército; integrantes de un grupo criminal pusieron en jaque la capital de Sinaloa, Culiacán, entre otros hechos.
En México se registran cada año 25 millones de víctimas de delitos, una cifra difícil de entender, de hacer inteligible.
Así mismo está en la agenda pública la denuncia contra la violencia que sufren mujeres y niñas en México, ya que dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida; En 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó; y en 2018, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas.
También hay que recordar que el Gobierno federal heredó una crisis humanitaria que llegó a cifras alarmantes, como todo el tema vinculado a la desaparición y no identificación de personas en el contexto de crisis permanente en materia migratoria, con decenas de miles de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador aguardando su futuro al norte del río Bravo en suelo mexicano.
A pesar de este escenario hay que reconocer que sí ha habido cambios importantes. Uno de los más evidentes es el combate a la corrupción, la elaboración del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura, la re instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas o el anunció de que se aceptara la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, a la espera de que esta última se formalice.
Este año 2019 es tiempo suficiente para contar con un diagnostico que permita al estado asumir su responsabilidad, primero para prevenir y segundo para avanzar en el diseño e implementación de las estrategias que conduzcan a los progresos. Finalmente, mucha de esta violencia proviene de autoridades, agentes del estado, muchos coludidos con grupos delictivos. Esto sin duda tiene que acabar, sin simulación, como lo ha pedido el Presidente de la República, pero en el Poder Judicial Federal y local hay un duro cuello de botella que debe llegar a su fin, por eso hago votos que el anuncio del Presidente de la SCJN Ministro Arturo Zaldívar de impulsar una reforma a ese Poder Público en bien de México.