La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2020 presentada por el Ejecutivo consideró ingresos por 6 billones 96,335.8 mdp, de los cuales 5 billones 511,879.0 mdp correspondían a ingresos presupuestarios (21.0% del PIB) y 584,456.8 mdp a ingresos por financiamiento (2.2% del PIB).
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 2020, el Ejecutivo propuso un gasto total de 6 billones 59,019.8 mdp, de los cuales, 4 billones 357,875.4 mdp se orientan a gasto programable, por ejemplo: salarios de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos autónomos como el INE, INEGI, INAI, entre otros.
Para poner en contexto, México tiene la más bajas recaudación fiscal de los países miembros de la OCDE a cifras del 2016, de acuerdo con su Producto Interno Bruto, es del 17.4%, en contraste, de los más altos está Dinamarca con el 46.5%; Francia con el 45.5%, y Bélgica con el 44.8%.
El problema es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el total de municipios en México 2,464, sólo representan el 1.1% de toda la fuerza de cobro tributaria del país, una cifra muy baja según los datos de la OCDE.
En un estudio que, realizado por Lux Consultores en el 2016, en su apartado del Contexto del Impuesto Predial señala: “de los 2 mil 456 municipios del país, 522 de ellos (alrededor de 20 por ciento), no cobran el predial. Es decir, alrededor de 45 millones de personas en México no pagan predial. La suma de las recaudaciones del impuesto predial en el nivel local representa tan solo el 0.2 por ciento del PIB, mientras que en América Latina y Estados Unidos equivale a 1.7 por ciento y 3.2 por ciento del mismo indicador, respectivamente”
Si a esto le sumamos que los Estados del país, solo cobran en promedio 7 de 23 impuestos que pueden hacer efectivos, aunado a lo anterior, ahora entendemos porque tenemos en la administración pública tan poco dinero para hacer y brindar servicios de primer nivel.
Por ello, coincido con la política fiscal de la administración presidente Andrés Manuel López Obrador, de aplicar lo que dice la ley, y que pague de manera proporcional y equitativa el contribuyente.
Hace unos días el SAT informó que el primer paquete de denuncias se conforma de 43 empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. En total dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos en impuestos donde se ven involucradas 8 mil 212 empresas y personas con empresas factureras, que presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, causando 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de pesos de IVA.
Dinero nada despreciable, ante un escenario tan negativo del crecimiento económico que, según el Fondo Monetario Internacional, lo proyectó en una caída del 10.5%, y esas contribuciones que se evadieron corresponden a ejercicios fiscales del 2017 al 2019, es decir dinero que esos evasores ya ganaron, firmeza ante el evasor.