En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, instituido inicialmente como el día internacional de la mujer trabajadora, conmemorado por primera ocasión el 08 de marzo de
1911, cuya bandera es la igualdad entre el hombre y la mujer en diferentes aspectos de la vida cotidiana.
Con opiniones encontradas respecto las marchas que se realizaron este 2021 en México, donde si bien la violencia de género que sufre la mujer; es la primordial exigencia; no menos cierto es que también se lucha en contra de la evidente desigualdad materia laboral, presentes en oportunidades de crecimiento ofertadas primeramente a varones, y no al candidato idóneo, independientemente del género; y ganancias de aproximadamente 34% superiores para un hombre por desarrollar un trabajo, respecto las percibidas por una mujer por realizar las mismas funciones.
Por ello los Poderes de la Unión han intensificado actuar, enfocándose hacia la mujer; el Poder Ejecutivo con políticas públicas en su beneficio y priorizando la función del representante social (Ministerio Público), en los delitos en razón de género; el poder judicial reduciendo la impunidad en este tipo de ilícitos y fallos tendientes a la igualdad de género, como la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a los partidos políticos a postular a por lo menos 7 candidatas a las quince gubernaturas en disputa para las elecciones del 2021.
Finalmente, el poder legislativo, derivado de 11 iniciativas de más de 50 senadoras y senadores de seis bancadas, aprobó por unanimidad de 113 votos en el pleno del Senado, reformas a 59 artículos de 13 disposiciones federales para garantizar la igualdad salarial, creando condiciones laborales paritarias para hombres y mujeres. Claro ejemplo es la adición al artículo 164 de la Ley Federal del trabajo, que dispondrá la obligación de un salario igual por un trabajo de igual valor.
Si bien resta la revisión y en su caso modificación para su aprobación por la Cámara de Diputados; dichas reformas van encaminadas a erradicar estereotipos, barreras institucionales, equilibrar responsabilidades familiares y fomentar la independencia económica; su principal objetivo es asegurar una remuneración igualitaria, estableciendo la base legal y obligando a la patronal a su cumplimiento independientemente del sector (privado o público).
Busca acabar con la discriminación salarial en razón de género, orientación sexual, edad, capacidades diferentes, salud y condición social o económica; eliminar ofertas de trabajo insidiosas con lenguaje sexista; fijar bases salariales conforme a productividad, preparación, profesionalismo y conocimiento, en concordancia con disposiciones federales y tratados internacionales.
Exigencia de la sociedad, es la aprobación del paquete de reformas por la Cámara de Diputados, que daría paso a la creación del Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obligatoriedad de acreditación por parte de los centros de trabajo para la obtención de Certificados de Igualdad Laboral y No Discriminación. Que de concretarse no existiría vigilante más atento, crítico y objetivo, que la misma sociedad hambrienta de justicia e igualdad; y harta de una brecha salarial aún existente.