Con base a lo establecido en el artículo 74 fracción, el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentará a más tardar el 8 de septiembre del presente año ante la Cámara de Diputados (que será la nueva legislatura) la iniciativa de
ley de ingresos (impuestos, derechos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, etc) y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, es decir lo que se va a gastar tanto a nivel federal, estatal y municipal.
El proceso inicia primeramente con la ley de ingresos, que parte del proceso legislativo en la Cámara de Diputados y después va al Senado de la República, que, en caso de no existir modificaciones, tendría que ser aprobada la misma a más tardar el último día del mes de octubre.
Posteriormente inicia el trabajo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, (atribución exclusiva) donde se elabora el presupuesto de egresos, con base a lo que se proyecta se tendrá de ingresos, y a más tardar el día 15 de noviembre se aprueba, para ir a las legislaturas de los estados para el mismo ejercicio y se involucran a los municipios.
Sin embargo, el gobierno federal, ya ha comenzado a plantear una serie de modificación en materia de contribuciones, y hablar de recaudaciones fiscales a los mexicanos nos suele causar temor, ya que difícilmente existe una verdadera cultura del pago como responsabilidad ciudadana, establecida en el artículo 31 fracción IV de la Constitución.
El propio Subsecretario de Hacienda (SHCP), Gabriel Yorio reconoció hace unas semanas que los ingresos habían caído significativamente, por lo que tenían que compensar la eficiencia recaudatoria, recuperando recursos de renta pública que habían sido evadidos del fisco.
Mientras que la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que el Gobierno Federal presentará una iniciativa de reforma fiscal en septiembre, mismo que de ser autorizado por el Congreso de la Unión comenzaría en el 2022, y el cual no implica aumento de tasas, pero si va a haber modificaciones para evitar la evasión y defraudación fiscal.
De ser aprobado por los legisladores federales, para el próximo año se le otorgarán más facultades al SAT (Servicio de Administración Tributaria) para detectar la evasión y elusión fiscal, con la finalidad de que puedan recaudar más impuestos para saldar el gasto del gobierno