El Estado de Derecho, de acuerdo a António Guterres, es un principio de gobernanza en el que todas las personas,
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, en la perspectiva de Norberto Bobbio, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.
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En México el Estado de derecho está contemplado en la Constitución en el artículo 133 y 135 donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. |
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En su cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, que se presentó en estos días en el Senado de la República, mediante la Organización internacional “World Justicie Project” (WJP), señala que los 32 estados de nuestro país se mantienen por debajo de la calificación idónea, en la que destacan de manera negativa las entidades de Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36) el cual está en proceso electoral para elegir a su gobernador/a , Ciudad de México (0.36) y Estado de México (0.36), en contra parte con Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46) son los estados con mayor adhesión al Estado de derecho en México. |
Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en varios estados en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.
Aunado a esto existen varios focos rojos que debilitan con mayor fuerza el Estado de derecho. La corrupción es uno de ellos principalmente, y el otro es la impunidad. Un Gobierno abierto, transparente, empodera a los ciudadanos, contribuye a la rendición de cuentas y permite una mejor toma de decisiones.
También la falta de protección efectiva a los derechos humanos de los habitantes de la entidad. Se contempla tanto el respeto a las garantías civiles, así como individuales de cada persona, por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, a la vida y la seguridad, el respeto al debido proceso, a la libertad de expresión y religiosa, los derechos laborales, entre otros.
Así mismo, una de las condiciones básicas de un Estado de derecho es la capacidad que tiene de garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades. Lamentablemente, este es uno de los puntos de mayor rezago en el país, como el cumplimiento regulatorio, sobre si las distintas normas y regulaciones en una entidad se aplican de forma real, expedita, siguiendo los procesos estipulados y sin influencias indebidas.
De acuerdo a lo inicialmente expuesto, los ciudadanos deben tener acceso a mecanismos pacíficos y efectivos de resolución de controversias a través del sistema de justicia civil y aspirar a una justicia penal eficiente en el que la falla principal radica en las investigaciones que se realizan sobre los delitos y que en la mayoría de los casos terminan siendo ineficaces.
Finalmente, también se debe de replantear el quehacer de los gobiernos locales, pues son la primera instancia en donde se quebranta el Estado de Derecho al ser el ámbito más cercano a la ciudadanía y emprende el papel fundamental de avanzar en la tan importante tarea democrática de generar desarrollo humano y sobre todo libertad.
Eduardo Blanco