Cuando un abogado o los abogados llegan a considerar que la autoridad ha caído en excesos y en la emisión de
acuerdos ilegales, se vuelve punto crítico la impartición de justicia. Situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la opinión pública porque suceden en terrenos del sistema judicial que solo acaparan la atención de los involucrados.
Es el caso de la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, quien emitió acuerdo ilegal que ella misma tuvo que rectificar, ante los recursos interpuestos por los abogados defensores Héctor Rojas y Esteban Flores.
No hay que olvidar que el servidor público de ese nivel gana más que el presidente de la República, por lo que su actuación tendría que distinguirse por su pulcritud y absoluta imparcialidad, sobre todo porque se trata de impartir de justicia y todos quieren que imparta una buena justicia.
Por si fuera poco, probablemente no lo sabía, su proceder se suma a una ola de acciones para perseguir y agredir al periodista que escribe esta columna; así que lo que haya hecho o haga, va a dejar huella que tarde o temprano podría ser revisada.
Sería ingenuo pensar que fue una casualidad que el acuerdo y las notificaciones se dieran en vacaciones de diciembre.
La decisión de dar por terminado el proceso penal, cuando todavía estaba pendiente la instancia de la Corte, la desactivaron los abogados con cuatro recursos: Recurso de Revocación, Juicio de Amparo, Queja y Recurso de Revisión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arturo Zárate Vite
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@zarateaz1
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