Morena va por el carro completo en el 2027 * Taddei es el instrumento que daña al oficialismo * Con un acuerdo quieren pisotear la Constitución
* Abren la puerta a criminales organizados para apoderarse de casillas * Es espantoso el fraude que quieren instrumentar en el 2027 * ¿No que Morena tiene aceptación en el Pueblo? * ¿A qué le temen? * Martínez Araiza protegido de Arturo Alcalde * Héctor Arcos, director interino del CFCRL, sigue la tarea de Marrufo * El Senado aprobará a Sánchez Coatzil, otro incondicional de Alcalde * Harfuch apoya lucha contra la delincuencia en Puebla * Armenta y gobierno de Sheinbaum coordinados * Operación Enjambre, envía a la cárcel a alcaldes delincuentes * Vecinos de Lomas Verdes exigen consulta sobre tienda comercial * 3B se instala a unos metros de una escuela * Temen la venta de bebidas alcohólicas
"La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada."
Gabriel García Márquez (El amor en los tiempos del cólera)
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El Proceso Electoral Federal 2026-2027 inicia con pie zurdo; con una profunda fractura interna dentro del propio Instituto Nacional Electoral. Con cuestionamientos a las propuestas impulsadas por la presidente Guadalupe Taddei obsesionada p0or mantener en el poder y el dinero los “descendientes” de Andrés López Obrador.
La aprobación, por voto mayoritario en el Consejo General alineado con Morena, de modificaciones críticas a los lineamientos operativos ha encendido alertas sobre el desmantelamiento gradual de los controles de confianza que históricamente blindaron el voto ciudadano en México.
La detección de "boletas planchadas" (papeletas sin dobleces introducidas en las urnas) derivaba en una presunción de fraude (como el conocido "carrusel" o relleno de urnas).
El nuevo criterio determina que, si se halla una boleta sin doblar, el hecho se asentará en un acta incidental y se reservará para que el Consejo Distrital decida de manera casuística si se contabiliza o no. Esto abre la “legalidad” al relleno previo de las urnas. Un fraude electoral, pues, ya que es imposible que en una ranura pequeña pueda colocarse una hoja extendida.
En cuanto a la incertidumbre jurídica y discrecionalidad, se crea una categoría interpretativa que no existe explícitamente en la ley. Permitir que cada uno de los 300 consejos distritales aplique criterios diferenciados rompe el principio de equidad y certeza jurídica.
Es un incentivo para defraudar al elector. Así se le deja mano libre a los delincuentes electorales que, obviamente, serían legalizados por el mismo árbitro electoral.
Si una mafia, cártel de delincuentes o un funcionario de casilla local logra introducir fajos de boletas apócrifas o premarcadas ("planchadas"), el éxito de la operación dependerá ahora de la presión política o la correlación de fuerzas dentro del Consejo Distrital correspondiente.
Por otra parte, los tiempos institucionales para la captación, insaculación (sorteo) y adiestramiento de los ciudadanos que operarán las Mesas Directivas de Casilla han sido recortados sustancialmente bajo criterios de austeridad u optimización de calendario.
Así se genera un riesgo democrático. La improvisación ciudadana hará que se pierda la rigurosidad del escrutinio y cómputo la noche de la elección. Esta depende por completo del dominio técnico que tengan los ciudadanos sobre el llenado de actas. Reducir los plazos de capacitación eleva exponencialmente el número de "errores aritméticos" involuntarios en las actas de casilla.
Existirá el riesgo grave de integrar las casillas con los primeros ciudadanos de la fila, abriendo la puerta a que estructuras partidistas movilicen perfiles específicos temprano por la mañana para apoderarse de la mesa de votación. Claro, una vez más aparece el oficialismo para el relleno de las urnas.
También se han disminuido o suprimido cruces automatizados de bases de datos para validar la imparcialidad de los actores del proceso. Por ejemplo, se eliminó el cruce obligatorio de padrones para garantizar que los funcionarios de casilla o los observadores electorales no pertenezcan de forma activa a estructuras gubernamentales directas o corporaciones de servidores públicos con conflicto de interés. Ahora bastará una manifestación "bajo protesta de decir verdad".
Si ya se ha perdido la neutralidad de las autoridades electorales como el INE y el TEPJF con la exhibición pública de Taddei para involucrarse en la elección. Legislativa de los consejeros, ahora quedará “legalizada” por una decisión de una autoridad y fuera de la Constitución.
El árbitro queda sometido y al servicio del gobierno para mantenerlo en Palcio Nacional y con una mayoría robada en San Lázaro y el Senado. El espíritu de la ley mexicana prohíbe que el funcionariado público con capacidad de movilización de programas sociales interfiera en el espacio físico de la votación.
Reemplazar un cruce tecnológico e institucional por una carta de buena fe debilita los filtros de seguridad, permitiendo la infiltración operativa de los aparatos de Estado dentro de la logística electoral
Con los pasos que da Taddei, lleva al país a momentos peores que vivimos los mexicanos después de la Revolución Mexicana, donde un Maximato de Plutarco Elías Calles convirtió a México en su propiedad.
Hoy, desde López Obrador hasta los empleados corruptos de gabinete, gobiernos locales, se blindan para evitar que con la alternancia llegue un gobierno que los meta a la cárcel.
PODEROSOS CABALLEROS
SNAC: Alejandro Martínez Araiza se mantiene impune en el ilegal manejo del patrimonio y cuotas sindicales por 500 millones de pesos del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), coludido con las autoridades laborales, denunciaron los 17 mil trabajadores de esa agrupación. Primero Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), lo protegió en sus prácticas corruptas. La historia se repite con Héctor Josué Arcos Balderas, director interino de la CFCRL y le extiende un manto de impunidad sobre el líder espurio. Aun cuando Arcos Balderas se encuentra de manera interina al frente del CFCRL, cuenta con atribuciones legales suficientes para cancelar la toma de nota otorgada de manera irregular al dirigente espurio del SNAC, por su antecesor en ese puesto, Domínguez Marrufo. Atrás se encuentra la figura Arturo Alcalde padre de la exseceretaria de Trabajo y actual jefa del Jurídico de Presidencia, María Alcalde. Y todo hace indicar que los “Alcalde” mantendrán el yugo sobre los trabajadores sindicalizados. Claudia Sheinbaum debe entregar al Senado la terna de aspirantes para el CFCRL. Los agremiados del SNAC exigen que dejen desde la Secretaría de Trabajo de Marath Bolaños, se deje de proteger la corrupción sindical en el SNAC. Debe cancelar la toma de nota de Martínez Araiza. Pero antes lo deben obligar a rendir cuenta del dinero de los trabajadores. Esa responsabilidad caerá, seguramente, en manos José Luis Sánchez Cuazitl, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y totalmente al servicio de Arturo Alcade. Como es costumbre, la mayoría de Morena en el Senado, ratificará la propuesta presidencial. Mientras, Martínez Araiza desde su reelección de abril de 2025 protegido por Marath y alcalde, violan leyes nacionales e internacionales, que generaron 11 causales de nulidad, de acuerdo con abogados laborales. Impunidad, pues.
OPERACIÓN ENJAMBRE: El gobernador de Puebla Alejandro Armenta se pronunció por respaldar a las autoridades municipales, pero no a quienes incurran en conductas delictivas, al referirse a la detención de varios ediles en diversas regiones de la entidad involucrados con el crimen. La coordinación de Armenta con el gobierno de Claudia Sheinbaum en contra de la delincuencia es total. En especial con los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, así como el Ejército y la Armada. Así se dan resultados, comentó.
ESTADO POR ESTADO
NAUCALPAN: La novatez de autoridades locales como el edil de este municipio, Isaac Montoya, llega a extremos de aceptar con los ojos cerrados lo que sus empleados de menor rango le hacen firmar. Otro caso: en Paseo Alexander von Humblodt, en el fraccionamiento Lomas Verdes, construyen un centro comercial 3B, propiedad del empresario estadounidense de origen libanés K. Anthony Hatoum, también conocido como "el Turco". Los vecinos están preocupados porque en esa tienda generalmente se venden bebidas alcohólicas y se ubicará a 30 metros de la escuela primaria Edgar Morín. Sospechan los vecinos que la directora de Desarrollo Urbano fue debidamente compensada para otorgar la licencia de construcción. No se llevó a cabo ningún proceso de consulta previa ala comunidad que se siente afectada. De novatez al autoritarismo. Mal hecho.
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@vsanchezbanos