El actual presidente de México, entonces activista, presenta dos monedas de cambio para convencer y vencer: el respeto
irrestricto a la democracia y a la libertad de expresión, ninguna ha cumplido en el ejercicio del poder, por el contrario, ha atentado contra estas garantías. Los derechos constitucionales y la seguridad personal de ya muchos personajes han sido de aliados por el mandatario. Acusa pero no acepta réplicas, sentencia sin ser tribunal y opta por su derecho de admisión a discreción. A todo aquel que le cuestiona en la vía pública lo califica de “provocador”. No hay el menor ánimo por revisar y corregir sus “otros datos” en contraoferta quien le muestra sus equívocos es un promotor de “politiquerías”. Por tanto las las obligaciones del presidente de la república han sido canceladas y conscientemente desobedece a la Constitución. El principio de legalidad, es sometido al sarcasmo de que “no me salgan con que la ley es la ley”. Ningún ciudadano, incluida su preferencia sexual, religión o profesión puede ser “molestada”, enjuiciada o sentenciada sin argumentación jurídica alguna, incluidos los periodistas, todos, actualmente acosados, violentados verbalmente y hostilizados, a los mismos abogados o ministros declarados como “traidores a la patria”. En la mañanera el presidente ha patrocinado, alentado y nutrido una sección (quien es quien) que ante la cintra de los articulados constitucionales para “molestar en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones”, a ciudadanos libres. Pero más aún, el presidente y sus empleados usan y abusan de todos los recursos del Estado Mexicano para condicionar, atacar o demeritar el prestigio e integridad de a todo aquel que le estorbe. Por más de una década de activista y aspirante a puestos de elección nunca aceptó el veredicto social y anticipaba fraude. Decía fortalecer a la democracia porque era víctima de una mafia en el poder. Hoy de la manera más impune descalifica y ofrece datos falsos sobre sus contrincantes. Pero además, evita cumplir con el artículo 7 de la Constitución que dicta: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” Silvano Aureoles, Jorge Ramos, Ricardo Rocha (QEPD), Carlos Loret, Claudio X Gonzalez, Lilly Tellez, Xóchitl Galvez, la Ministra Piña, el Rector Graue, padres de niños sin medicamento, las familias sin Seguro Popular, las víctimas del crimen organizado y hasta quienes son señalados y denostados en su apartado de “mentirosos” con la Sra. Vilchis tienen, tenemos el derecho de réplica y defensa verbal anta las infamias y sarcasmos difundidos. No hay Medios de Comunicación, columnistas o reporteros fifis, conservadores o “vendidos”z Son empresas de información/comunicación con propósitos, política editorial, LIBERTAD, investigación y dominio de su contenido en un marco de pluralidad en eso que dice defender AMLO: la democracia. El auditorio, el lector, el escucha recién la facultad, la opción, el privilegio de elegir qué tendencia, artículo, investigación o contenido prefiere y hasta defiende. La gama de espacios informativos debería de crecer por el bien de una sociedad que merece estar integrada e informada no manipulada desde una tribuna única e intocable donde se luce el castigo público y se intenta la censura directa. Ya van varios colegas que enfrentan al mandatario por su inconsistencia como Omar Niño o Ernesto Ledezma. Vergüenza pública quien se presenta amparada por el poder a usar su temporal, fugas y ridícula presencia para hablar mal de los demás, sin siquiera tener el más mínimo decoro para articular, expresarse o siquiera deber leer en un ambiente tóxico y perturbador. La democracia no permite atacar sin recato y sin ordenamientos judiciales, las intuiciones o percepciones al hacerse públicas merecen, exigen y obligan a la replica incluso cumpliendo los más elementales, auténticos valores y disciplinas universitarias.
CARLOS RAMOS PADILLA
Conductor del Programa VaEnSerio mexiquensetv canal 34.2, izzi 135 y mexiquense radio