La que parecería una semana tranquila y de reflexión por las celebraciones religiosas se convirtió en una cadena de
eventos criminales de corrupción y asesinatos. Al debilitamiento intencional desde el poder del Estado de Derecho ha permitido a comunidades ejercer su legítima defensa y emprender actos que si bien caen en el salvajismo y bárbaria, ejemplifican la destrucción de la estructura legal que nos protege. En Taxco fue visible el hartazgo a un gobierno omiso y negligente. Secuestraron y mataron a una niña, Camila, y la reacción de la sociedad fue más rápida que la de las autoridades. Taxco hace apenas unos días vivía un auténtico toque de queda impuesto por los maleantes. Comercios, escuelas cerradas, transporte público amenizado y una sociedad sin resguardo alguno. La inacción gubernamental es palpable y sostenida por un aparato político que cuida más su imagen que la vida de los ciudadanos. Y no es la primera ocasión que esto ocurre, recordemos los linchamientos a agentes federales en Tláhuac al estar investigando el tráfico de drogas en la zona. En entonces secretario de seguridad, Marcelo Ebrard, afirmó que nada pudo hacer por la “orografía”. En Taxco también se observó una ausencia de responsabilidad del gobierno que no supieron o no cumplieron como dicta la ley. El linchamiento corresponde a un homicidio doloso cometido colectivamente. En tanto la sociedad enardecida decida acciones de esta magnitud prevalecerá la anarquía. En el otro asunto, no menos delicado, Gisela Gaytán, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada luego de un evento proselitista y ante simpatizantes. De acuerdo con medios locales, la morenista fue víctima de un ataque a balazos al bajar del templete después de un acto público en la comunidad de San Miguel Octopan. Y el presidente se niega consistentemente a señalar que esto corresponde a acciones propias de una delincuencia desbordada, a células criminales que por lo menos en el discurso, pero más aún en la acción, viven y gozan de la impunidad. De acuerdo a los registros están asesinado a un precandidato o candidato cada 48 horas. Por ello es vital, urgente, prioritario defender al Poder Judicial de la Federación. Lastimar u omitir a las leyes que nos permiten conducirnos como sociedad es arrojarnos a un profundo barranco en donde los que ganan son los delincuentes. Los alcaldes de Taxco, Chilpancingo, Acapulco entre otros deberían estar fuera del cargo y sometidos a una severa y rigurosa investigación y en su caso sanción. No podemos tolerar a gobernadores indolentes como en Sinaloa, Rubén Rocha, cuando a secuestros masivos de personas su respuesta sea “son cosas que pasan”. Presentar siquiera la idea de una nueva Constitución es pretender desaparecer todas las líneas de aplicación de la justicia. Colocar a ministros y juzgadores a modo o por elección popular representa una ruleta suicida. Instituciones, colegios de abogados, organismos autónomos universidades, trabajadores del ramos y sociedad en general deben ya manifestarse en defensa del Estado de Derecho, de no ser así lejos de estar profundamente vulnerables estaremos a merced de criminales y gobernantes cómplices de delitos. El Poder Judicial representa un contrapeso, un equilibrio sano y necesario en la vida pública. Hay que ejercer presión para que la independencia y autonomía del Poder Judicial se fortalezca. Es deseable que se respete e impulse a la actual Constitución. La tarea es defenderla y aplicarla. Ella es resultado de mexicanos valientes, honestos e instruidos. Crear otra estará en decisión de oportunistas, malvivientes, maleantes e inexpertos. Es tiempo de que el Poder Judicial llene los espacios vacíos que están dejando las autoridades incompetentes.
CARLOS RAMOS PADILLA
*Conductor del programa VaEnSerio izzi 135 y radio mexiquense