En los últimos días, el presidente Enrique Peña Nieto se ha referido al rescate del estado de derecho, a la imposición de la ley y a la vigencia de las instituciones. También realizó un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país, quienes diariamente contribuyen a asegurar la vigencia del estado de derecho y a resguardar la libertad de las personas. En lo
personal, me parece que el punto medular de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas es esa, la constante violación de las leyes que han realizado los grupos organizados que buscan subvertir el orden social con sus posicionamientos radicales en torno al tema en que nos hemos metido, a pesar de la ineficiencia de las autoridades, en los últimos dos meses.
Ayotzinapa ha sido convertido en un símbolo de repercusiones mundiales, y se le ha intentado aparecer como un fonema para referirse a la injusticia, a la violación de la ley, a la inseguridad, miseria, y otras citas discursivas que hemos escuchado repetidamente en las manifestaciones públicas organizadas ex profeso para generar animadversión en torno al gobierno actual. Las mentiras también han sido parte del léxico de las últimas semanas, y creo que lo más grave ha sido la intentona de culpar a Enrique Peña Nieto de haber cometido un crimen de Estado. Las leyendas "Fue el Estado" que aparecen en las pancartas de las concentraciones, y los deleznables actos de rapiña que cometen quienes se dicen servidores del Estado, han sido la constante. Instante, pero al final se diferencian por aglutinarse en una caterva delincuencial que aprovechando la circunstancia de la inconformidad, se han dedicado a romper el estado de derecho y a retar a las autoridades legalmente constituidas.
Para decirlo de otra forma, los integrantes de las organizaciones y pandillas que saquean tiendas departamentales, que incendian dependencias públicas, que se roban el combustible, que secuestran camiones, que cercan instalaciones, que vandalizan automóviles, que secuestran papelería de las dependencias, que cierran aeropuertos, y que golpean a policías con machetes, cohetones y con bazucas hechizas, lo único que merecen es la aplicación estricta de la ley. El marco del derecho que está vigente en el país, y aunque las autoridades encargadas la procuración de justicia se hayan hecho a un lado para no generar violencia en las calles, lo cierto es que no han sabido cumplir con el encargo que les otorgó la propia legislación vigente.
Ese quizá sería el delito imputable a Enrique Peña Nieto. Y solamente quienes hemos padecido los embates de los violentos podríamos realizar un ejercicio de reclamo, pero pareciera que las cosas operan al revés en este país ya que quienes están en las calles cometiendo delitos son los que hasta ahora han celebrado triunfos. La sociedad observa estupefacta y atribulada la inacción gubernamental, y la mayor parte de ella, que se solidariza con los afectados por la tragedia de Ayotzinapa, detesta a los vulgares maestros y alumnos que se han dedicado a subvertir el orden. Un país de 120 millones de habitantes no se puede someter al arbitrio de la caterva de gritones delincuenciales que conforman las huestes del magisterio disidente y otras organizaciones. Los que todos los días construimos este país y lo mantenemos vigente, también esperamos la vigencia del Estado de Derecho. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.