No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Así se expresa la sabiduría popular cuando intenta incidir en la condición humana. Pero es en el ámbito de lo público donde este tipo de comportamientos propician problemas para los protagonistas de la toma de decisiones, y en algunas ocasiones, las cosas van más allá porque la
percepción pública se coloca por encima de las realidades. La agudeza describe conductas lacerantes que reflejan lo que somos y lo que pretendemos ser. Normalmente, cuando un funcionario público se somete a los dictados la corrupción, acude sin rubor a lo que piensa debe ser la cúspide de la decencia pretendiendo engañar a ese vulgo que todo lo intuye y da por hecho porque la tradición no se equivoca, y comienza el proceso de separación entre lo que se es, y los demás piensan que debe ser. Para decirlo de otra forma, es la dicotomía entre el ser y el deber ser.
He leído los argumentos vertidos desde la Dirección General de Juegos y Sorteos en torno al otorgamiento de siete licencias para nuevos centros de apuesta que entran en el círculo de lo grotesco y delincuencial. Grotesco porque desde hace muchos años los mexicanos hemos discutido la pertinencia de adecuar las leyes que rigen los diversos sistemas de apuestas que existen en el país. La actual ley fue construida en 1946, y desde entonces este importante filón de créditos fiscales se ha convertido en negocio de unos cuantos. La razón es simple, los avances tecnológicos van a una impresionante velocidad y normalmente cambian cada tres meses, frente a una ley obsoleta que observaba las apuestas de ruleta y cartas cuando ahora estos mismos aparatos son orientados en su operatividad mediante implementos tecnológicos.
Ése fue el principal motivo para que el crimen organizado entrara en el sector. Todo fue ganar, ganar, durante décadas y lo que podía ser un buen elemento para recaudar créditos fiscales, se convirtió en la nada por no contar con una regulación adecuada. De ahí la sospecha que se cierne sobre Marcela González Salas, actual directora general adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Ceder y conceder siete permisos para la operación de centros de apuestas debió haberle redituado una enorme cantidad de millones de dólares. Declarar que le ofrecieron dinero y la amenazaron por no conceder permisos resulta un banal posicionamiento mediático toda vez que no ha logrado explicar el porqué de haber concedido esos permisos a una empresa acabada de conformar. ¿Corrupción?
Desconozco los motivos de la señora González Salas, pero todo parece indicar que efectivamente hay un proceso de corrupción en el otorgamiento de esas siete licencias porque ya había recibido un exhorto de la Comisión formada para ello en el Congreso, en el sentido de esperar a las votaciones de la ley para entrar en una nueva fase de legalidad en el sector. Poco le importó, porque las concesiones ahí están y hasta ahora pareciera que son irreversibles. Cuando hablo de millones de dólares es porque cada permiso de estos vale en el mercado al menos cinco millones de dólares. Podrá dar muchas explicaciones, pero los hechos ahí están. La forma de operar para conceder tales licencias es la misma forma en que operaron aquellos a los que tanto criticaron los priistas. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.