Muchas cosas están pasando en este país donde se habla de privilegiar el derecho de las mayorías y que la ley se aplica. Pero también se dan razones desde el otro lado señalando que la protesta es un recurso de los inconformes y que tiene que ser respetada. En lo personal me parece que en un sistema democrático como el que nos hemos dado, los derechos de todos
están enmarcados dentro de la norma constitucional. No existen otras disposiciones mas que las que se consagran en las letras de la ley, porque ahora resulta que muchos aducen razones que no existen para justificar los excesos de uno y otro bando, o para decirlo mejor, de aquellos que representan a la legalidad y los que se mueven en la ilegalidad.
Dicen los especialistas que el requisito indispensable de existencia de la norma jurídica es su propia violación, y para ello nos hemos dado un sistema legal que señala penalidades y sanciones para quienes la transgreden. La desobediencia civil es una de las formas más efectivas de protesta que existen en el país, pero entra en el rubro de lo administrativo. De eso se aprovecho en su momento el señor López Obrador cuando llamo a los tabasqueños a no pagar el cobro de la luz eléctrica. Hasta ahora nunca han existido sanciones.
Lo que ha venido ocurriendo en Oaxaca y Guerrero es muy grave. En Oaxaca la CNTE ha sometido al propio gobernador, y pese a que el señor Rubén Núñez Gines ha demostrado ser un sujeto harto peligroso, dejaron crecer un problema que ahora pareciera irresoluble. Guerrero camina en el mismo sentido y el gobierno del estado ha demostrado debilidad ante la actividad delincuencial desarrollada con el pretexto de la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43 de ellos. Hasta el propio gobernador interino ha sido vejado y obligado a marchar. Ni que decir de los diputados y el Subsecretario de Seguridad Pública que fueron secuestrados, vejados y sometidos al escarnio popular. Esa es la infamia a que se refiere la Constitución como pena prohibitiva. Son muchos los delitos, y creo que ha llegado la hora de que intervenga la Federación para regresar la tranquilidad al estado más poblado del país. Claro que habrá costos políticos y sociales, pero es una medida necesaria.
Lo ideal en un sistema jurídico como el nuestro es que todos nos sometamos al imperio de la ley, pero por el momento resulta impensable su aplicación porque quienes nos gobiernan tienen el temor de que las cosas se descompongan y se genere una crisis social. Pero también hay que decir que esto no puede seguir por la misma ruta porque la violencia se incrementará en proporción inversa a la inacción gubernamental. Para decirlo de otra forma, o se impone la ley o perdemos no tan solo Guerrero, sino el país mismo. Para los delincuentes no puede haber más que la cárcel, sean cuantos sean y quienes sean. Es por México y por los mexicanos. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.