Pareciera que en los procesos de la tolerancia, por algún resquicio se nos escapó la legalidad y entramos en una vorágine de violaciones a la norma jurídica que ahora nos tiene y mantiene con un problema mayúsculo de impunidad.
México se ha distinguido siempre por ser una comunidad amante de las leyes y la legalidad, aunque algunas veces eso haya sido el principal motivo para que los gobiernos endurecieran nuestro régimen de libertades y hayan cometido excesos que caro hemos pagado con los reclamos, en ocasiones violentos, y los excesos vandálicos de los presuntos grupos que piden reivindicaciones inexistentes. Solamente falta que en cualquier momento se les termine el discurso y soliciten indemnizaciones por tantas marchas a las que han acudido.
Uno de los graves problemas que tiene el país es el rescate del Estado de Derecho. No podemos seguir por el camino de la constante violación del marco normativo enarbolando banderas reivindicatorias contrarias a la legalidad y lesivas a la mayor parte de los mexicanos. Creo que ha llegado la hora de que los gobiernos de todo el país lancen un hasta aquí, y se dediquen a aplicar la ley de forma implacable contra los transgresores. El interés minoritario y de los grupos antagónicos al Estado Mexicano se han convertido en la prioridad de aquellas organizaciones de la sociedad civil que han sido manipuladas para confrontar a las estructuras gubernamentales con mentiras disfrazadas de predicas reivindicatorias en la mayor parte inexistentes. El Estado de Derecho se conforma por un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad, en la que el poder del Estado se encuentra limitado por el Derecho.
El Estado de Derecho surge en oposición al Estado Absolutista donde el Rey se encontraba encima de los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. En el Estado de Derecho el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno. Vidulfo Rosales, representante de Tlachinollan, manifestó públicamente su oposición a que la PGR realice un nuevo peritaje en el basurero de Cocula porque podría surgir un versión "inconveniente" para los fines políticos del "movimiento". La CNTE se opone radicalmente a la Reforma Educativa y realiza diversos paros violentos en Oaxaca y Guerrero.
También organizaron cierre de autopistas, lo que constituye un delito federal que en un Estado de Derecho vigente debiera ser castigado. Ni qué decir de los delitos colaterales por el vandalismo contra las oficinas públicas. Aurelio Nuño, titular de Educación Pública, señaló que se operarán los descuentos para quienes no se presentaron a trabajar, lo que significa que por primera vez en muchos años se aplicará la ley rescatando a la ley. Algo tiene que quedar claro, Enrique Peña Nieto fue elegido por la mayor parte de los mexicanos, y tiene que imponer ya el Estado de Derecho, y eso quiere decir meter a la cárcel a los delincuentes. Aunque eso no le guste a Vidulfo Rosales. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.