La realidad indica que el Grupo Internacional de Expertos Independientes que envió la Comisión Internacional de Derechos Humanos pretendieron apoderarse de la verdad del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el paraje de Ayotzinapa del municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero, y que fueron desaparecidos en las inmediaciones de Iguala. La finalidad era controvertir a la Procuraduría General de la República y provocar desgaste en las instituciones de procuración de justicia. Pareciera una aberración, pero hasta ahora esta comisión solamente ha demostrado un marcado interés por orientar las investigaciones hacia las estructuras del Estado Mexicano, desestimando las pruebas alcanzadas por la propia PGR, en la que se involucran a policías municipales y a miembros del Cártel de Guerreros Unidos.
El término latino de “bona fides” es un adjetivo que señala aquello que posee bondad o es conveniente. En el derecho el principio de la “"buena fe” está vinculado a la certeza que uno tiene respecto a la veracidad de algo. La buena fe requiere honestidad en el vínculo con las partes que intervienen en un contrato. Así de simple la definición que algunas veces cuesta mucho trabajo entender, y sobre todo sostener. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que la revelación que la Procuraduría General de la Republica realizó sobre el tercer peritaje llevado a cabo en el basurero de Cocula por los Expertos en Materia de Fuego, quebró “"la buena fe con que se han conducido” con el Gobierno Federal.
Después de observar todo lo que han realizado y litigado en los medios de comunicación, los mexicanos podemos tener la certeza de que el trabajo que vinieron a desarrollar fue para inculpar a las actuales estructuras del Estado de la desaparición física de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y quizá hasta de su probable asesinato. No podemos negar lo evidente, todo el tiempo caminaron por esa ruta. Lo primero que buscaron fue echar por tierra esa “"verdad historica” a la que se refirió Jesús Murillo Karam a partir de las declaraciones de los principales involucrados en los hechos ocurridos esa fatídica noche. No se puede tener buena fe cuando antes que entregar un informe detallado a quien los contrató, que no es otro que el Estado Mexicano, lo hacen ante los medios de comunicación desmintiendo las declaraciones de quienes están siendo procesados.
Los mexicanos no podemos cerrar los ojos ante la evidente inquina política de los miembros del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de los que por cierto, ninguno es experto en materia de fuego. De ahí que haya sido otro grupo el que haya venido a reforzar la investigación realizada por la Procuraduría General de la Republica. Los charlatanes que se prestaron al juego de los intereses de las organizaciones sociales afectas a las corrientes jesuitas de la izquierda recalcitrante de este país han sido desenmascarados. La ganancia es que entre los seis se dividirán cuarenta millones de pesos que pago el Gobierno Federal. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.