Enrique Peña Nieto carece de sincronía con uno de los miembros más importantes de su gabinete, el titular de la Hacienda Pública. Quizá sea porque el tema de Veracruz los trae bastante preocupados a causa del ridículo nacional e
internacional que han padecido por el tratamiento que se le dio al caso de Javier Duarte de Ochoa, y la forma tan misteriosa en que desapareció sin dejar huella.
En este espacio relaté la forma en que comenzó el derrumbe del tricolor durante la elección pasada a causa del poco aprecio que el presidente Peña Nieto puso en los reclamos de Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente nacional, cuando le llevó las proyecciones de los resultados que se obtendrían en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
Ante la petición de enjuiciar a los gobernadores, o al menos quitarlos, el Primer Mandatario optó por asumir las consecuencias.
El llamado a Bucareli para reconvenir a Javier Duarte de Ochoa resultó ríspido, y la amenaza del veracruzano fue simple: “Pueden buscar todo lo que quieran, pero seguramente también van a salir las cantidades de dinero que entregué para los gastos de la elección presidencial”.
Después de esto, el semblante del secretario de Gobernación se endureció, pero también entendió que las cosas podrían ponerse peor de lo que estaban.
A eso hay que agregar la falta de coordinación mostrada con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, quien recibió a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, y quien previamente había exigido a la Federación el dinero que se adeuda a los municipios, y que desapareciera el señor Duarte.
Meade señaló que estaba descartado el presunto rescate financiero solicitado, pero recomendó al señor Yunes ingresar a los mercados financieros, fortalecer sus ingresos y reducir su gasto, así como un anticipo en sus participaciones.
Más tarde el gobernador Electo se reunió con el Presidente de la República, con quien acordó la instalación de mesas de coordinación con las secretarías de Hacienda y Gobernación para atender los problemas financieros y de seguridad que vive la entidad.
Lo que negó José Antonio Meade con su profundo conocimiento de las finanzas públicas, lo concedió Enrique Peña Nieto colocando la política por encima de lo económico.
Por muy generoso que sea o que quiera ser el Presidente de la República, no puede contravenir lo que mandó disponer al titular de la Hacienda Pública porque lo evidencia y lo deja en ridículo. Cambiar de opinión es válido, pero ¿cuál será el precio económico y político? Al tiempo.