Bien dicen por ahí que después de la tempestad viene la calma, y eso parece estar ocurriendo en Quintana Roo, a pesar de las actividades del crimen organizado. No es fácil realizar una limpia de lo que se distinguió por ser uno de los gobiernos delincuenciales
que permitió el Gobierno Federal se establecieran en varias partes del país, pero cuando se quiere se puede, y la decisión la ha venido encabezando el gobernador Carlos Joaquín González.
Dicen que nobleza obliga, y la Decimoquinta Legislatura, encabezada por Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso, anunció que el Legislativo abrirá el debate en temas que por décadas no se abordaron por diferentes intereses, y hoy formarán parte de una agenda con carácter ciudadano. Cabe señalar que la agenda se integró con la participación de hombres y mujeres de todas las regiones a través de 845 propuestas que serán abordadas durante el trienio.
Para ser más preciso, el líder cameral afirmó que la agenda ciudadana se colocó por encima de los intereses partidistas, y eso motivó la desaparición de la Gran Comisión, reducción del número de diputados plurinominales, eliminación del fuero, disminución al financiamiento de los partidos políticos, y la eliminación de todo tipo de discrecionalidades por parte del Ejecutivo estatal para otorgar placas, licencias de venta de alcohol, y patentes de notarías.
Por ello lanzó una proclama dirigida a los ciudadanos para que ayuden a que todo se convierta en una realidad tangible, visible, efectiva y real en el cambio de Quintana Roo. Pero también hay que señalar que las propuestas fueron realizadas por los mismos ciudadanos en convocatorias libres organizadas en Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. Pero importante fue también que todas las fuerzas políticas hayan participado en ello.
Esta es la primera vez que ocurre un evento de esta magnitud para transformar el trabajo del Legislativo, y convertir al Congreso en un órgano de gobierno abierto a la gente por la eliminación de las sesiones secretas, que en el pasado permitieron a Roberto Borge y sus principales operadores realizar acuerdos delincuenciales para saquear el patrimonio de los hombres y mujeres que han hecho de Quintana Roo un estado laborioso.
Claro está que las críticas no se hicieron esperar entre los principales integrantes de esa clase política y empresarial rapaz que durante mucho tiempo medraron a sus anchas, pero la decisión ha sido tomada y no habrá regreso a decir de Eduardo Martínez Arcila. Las cartas han sido puestas sobre la mesa por Carlos Joaquín y qué bueno que los diputados decidan caminar en el mismo sentido. Ojalá el ejemplo cunda en todo el país. Al tiempo.