El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “los recursos económicos de los que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Eso es lo que señala la norma fundamental hipotética que rige
en este país, pero la realidad indica que las cosas ocurren de forma totalmente diferente.
Un ejemplo del descaro con que se conducen algunos servidores públicos es sin lugar a dudas el señor Amet Ramos Troconis, secretario de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco, quien está emparentado con la esposa del gobernador Arturo Núñez y que, por lo consiguiente, goza a plenitud de la permisibilidad del titular del Poder Ejecutivo estatal para hacer de las suyas obligando a las empresas a entregar enormes cantidades de dinero a cambio de la autorización del pago que corresponda por los servicios prestados.
Ante la disyuntiva de que pese a las diversas gestiones para la obtención del pago por los servicios prestados y materiales entregados al sector salud de Tabasco, cuarenta y ocho empresarios afectados han solicitado a la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una solicitud de conciliación con la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco, para lograr el pago del adeudo de más de 86 millones de pesos.
Y no es que el gobierno de Tabasco carezca de fondos, simplemente es que el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, ha venido postergando la obligación monetaria simplemente porque ha decidido que cada uno de los afectados tiene que entregarle 30 por ciento del monto a pagar, si es que quieren recibir algún pago, porque de lo contrario simplemente no verán un solo peso en lo que resta de la administración, y tendrán que intentar cobrarle al gobierno siguiente.
El cinismo del señor Amet Ramos Troconis surge del parentesco que guarda con la esposa del titular del Ejecutivo, Martha Lilia López Aguilera, que es quien verdaderamente lleva a cabo los negocios que el sobrino realiza con el presupuesto público del estado de Tabasco. Pretender obligar a los empresarios a entregar 30 por ciento del monto de los contratos establecidos es un hurto aquí y en China, y debiera ser castigado con todo rigor con unos buenos años de cárcel para el titular de Finanzas, pero la impunidad campea en el sureste mexicano porque allá se hace lo que determina la esposa del gobernador.
Las leyes no valen.
Por eso los empresarios han acudido a solicitar la intermediacion de la titular de la Función Pública, porque no puede ser posible que una vez cumplidas las entregas del material establecido en los contratos, el señor Amet Ramos Troconis intente someter a los empresarios para que le entreguen 30 por ciento del monto total. Hasta ahora la impunidad del señor Ramos ha sido brutalmente indicativa del saqueo que la esposa del señor Nuñez ha organizado en las diversas áreas del quehacer público en Tabasco. Sin lugar a dudas Amet Ramos Troconis se ha ganado el mote de “El ladrón del sureste”, y piensa que teniendo fuero como diputado se mantendrá a salvo de la aplicación de la ley. Al tiempo.