Algo está pasando en el Poder Judicial de la Federación y me parece que algunos juzgadores de plano han estado excediendo los límites de su capacidad, y pasaron a inventar procedimientos o quizás hasta pretendiendo legislar a través de sus
resoluciones. Y no creo que este relajamiento de los mandamientos judiciales provenga de las instrucciones que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Superiores de Justicia en cada una de las entidades federativas.
Me parece que este tipo de excesos provienen no sólo de lo que cada juzgador asume como esa autonomía para emitir resoluciones que le otorgan las leyes, o la forma en que comprende las atribuciones del encargo, o quizá de una nueva modalidad de concebir el ejercicio de la impartición de justicia que pudiera trastocar la esfera de competencia de cada una de las partes de los tres Poderes de la Unión.
Hasta ahora el respeto entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo ha sido institucional, pero el ejemplo más reciente acerca de esta tendencia es la resolución emitida en torno al caso de la desaparición física de los normalistas de Ayotzinapa, donde los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen indicios suficientes para presumir que las confesiones fueron obtenidas mediante torturas, y que por ello deberá crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
Por principio de cuentas habrá que señalar que un juzgador, por muy alto que sea su encargo, no puede mandatar a una dependencia del Gobierno Federal a que realice la formación y conformación de una presunta comisión que investigue lo que ya se investigó por parte del órgano encargado de la procuración de la justicia, y que además es la única facultada para hacerlo, y que además no tiene facultades para crear ningún organismo para establecer si las investigaciones realizadas son fehacientes y los resultados se integran con hechos reales y verdaderos.
Más que magistrados los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas parecen miembros de un tribunal con poderes extraordinarios que existen en otras latitudes donde la tiranía es parte de la costumbre. Para decirlo más claro, sus integrantes no pueden mandatar lo que no está escrito en el texto de las leyes o de la propia Constitución. Desconozco si el Consejo de la Judicatura haya reparado en el hecho, pero no se puede desde el Poder Judicial pretender ordenar al Poder Ejecutivo que haga algo para lo que no está facultado.
Por otra parte, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Javier Lozano Alarcón con ocho mil pesos por difundir un promocional discriminatorio en el cual se critica la supuesta incapacidad física de Andrés Manuel López Obrador.
¿Y cuando el señor López ha tildado de mafiosos a sus adversarios? ¿Y cuando los ha llamado ladrones? ¿Y el epíteto de La Mafia del Poder? Creo que los juzgadores están excediendo sus atribuciones, y eso puede generar un conflicto de intereses. Al tiempo.