Sin lugar a dudas en México los procesos de la impunidad han sido muy
afinados y refinados por algunos entes que incluso no dudan en el enfrentamiento violento con el Estado Mexicano, y mucho menos cuando de convertir a las entidades federativas en un campo de acción para imponer a sus designios la educación que se imparte en las escuelas de enseñanza gratuita. Y no es una circunstancia novedosa, el problema es que los propios gobernadores temen que una acción de fuerza para imponer la ley termine en una desgracia.
Hace unas semanas el magisterio disidente de Michoacán decidió tomar las vías del tren para evitar que salieran los productos de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, además de los que se desembarcan en ese puerto de altura y que se destinan para el consumo masivo en diversos estados del altiplano mexicano. Fueron dos semanas las del plantón, y ni las autoridades locales y federales impusieron su hegemonía, y el resultado fue la pérdida de más de quince mil millones de pesos.
El propio Presidente de la República decidió no enviar elementos de la federación para quitar el plantón, y asumió las enormes pérdidas con cargo a los ciudadanos que pagamos impuestos y que sostenemos el aparato burocrático del Estado. Para decirlo más claro, Andrés Manuel López Obrador tuvo miedo a la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo sigue demostrando porque hasta ahora los militantes de la organización siguen cometiendo de las suyas de forma impune.
No es nueva la actividad que está desplegando la organización magisterial, y cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe hacia dónde caminan. No sé si el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador haya valorado la posibilidad de imponer la ley, pero hasta ahora ha sido contemplativo y ha preferido inclinar la cerviz antes que soportar los embates de los delincuenciales gañanes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Para decirlo más claro, ya demostró lo agachón que es cuando de imponer el orden se trata, y no es que se sienta identificado con ellos por su pasado en la toma de carreteras, plazas públicas, pozos petroleros, y hasta la toma de dependencias gubernamentales, simplemente es que no se le pega la gana imponer la ley porque al igual que ellos su pasado presenta muchos actos de este tipo y nunca recibió de los gobiernos tricolores o blanquiazules agresiones de especie alguna, por el contrario, todo le toleraron.
Con todo y que juramentó respetar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, lo único que ha hecho es escurrir el bulto cuando de aplicar la ley se trata, y su cantaleta es que “no vamos a reprimir”.
Por si no lo sabe la represión es la acción de reprimir con violencia una sublevación, una manifestación política o social o la vida política de un país, pero la aplicación del derecho es una obligación que adquirió cuando juró y protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Hasta ahora ha incumplido ese juramento con la cantaleta de que no reprimirá. ¿Y la ley?, ¿acaso juró en vano? Pobre país, pobre Presidente de la República.
La historia lo juzgará, y no la que le cuente su esposa.
Al tiempo.
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