Sin lugar a dudas estamos frente a una etapa inédita de nuestro devenir histórico
como pueblo, país y nación. Desconozco si la actitud de muchos funcionarios de alto nivel responde o corresponde a un plan preconcebido, porque de ser así los mexicanos todos tendríamos que reaccionar para evitar el avasallamiento del sistema jurídico que nos hemos dado, y que ha sido garante del respeto por las instituciones que durante mucho tiempo nos hemos construido, y que no podemos permitir que sean destruidas.
La soberbia de los funcionarios públicos de esta generación resulta evidente, pero a la vez muestran y demuestran una infinita mendicidad al pensar que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador les otorga como botín el rompimiento del orden constitucional. México ha sido un país de leyes, y lo seguirá siendo en función de que los mexicanos seamos quienes determinemos el rumbo del país y no quienes esta vez nos gobiernan, porque no podemos permitir que sigan pensando que pueden hacer lo que quieran violentando las leyes que rigen nuestra convivencia social simplemente porque obtuvieron el triunfo en las urnas.
Los mexicanos construimos durante muchos años un sistema de leyes y reglamentos que hemos venido renovando de acuerdo a las exigencias de los tiempos, e instituciones que al paso del tiempo hemos perfeccionado para dotarlas de una autonomía que garantice a los mexicanos que nadie puede entrometerse en sus decisiones. Es por eso que los mexicanos tampoco podemos permitir que sean cambiados por odio u ocurrencias como lo han planteado los miembros del ahora partido gobernante.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano público dotado de autonomía en su manejo político, jurídico, administrativo, y que cuenta con facultades y atribuciones para la emisión de recomendaciones a los integrantes del Gobierno Federal en todas sus manifestaciones. Para decirlo de forma más rotunda, la obligatoriedad de sus recomendaciones proviene de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mal hace el Presidente de la República en desestimar su aceptación.
Los partidos de la oposición han expresado su rechazo a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Luis Raúl González Pérez, es la que viola los derechos de la niñez al apoyar las estancias infantiles. Resulta inaudito un razonamiento de este tipo toda vez que el cierre de dichas estancias ordenado por el Gobierno Federal impacta negativamente en la economía de muchas familias.
Han sido los propios legisladores de las fuerzas políticas opositoras quienes construyeron un acuerdo condenando el cierre de esas instalaciones, y avalado por la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de mantener sus instalaciones para evitar el daño que pudiera provocarse a los infantes que son llevado ahí en su mayoría por madres trabajadoras. La no aceptación del Presidente Andrés Manuel López Obrador es contraria a la garantía que de los derechos humanos de los niños consagra nuestra Constitución. De cualquier forma sería una gran estupidez.
Al tiempo.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.