Sin lugar a dudas lo que ocurre en Baja California es un conflicto constitucional armado y controlado por el propio
Presidente de la República con la finalidad de favorecer a su amigo y financiero Jaime Bonilla, quien ambiciosamente ha convencido, desde luego que pagando el favor, a los diputados locales de votar para alargar el mandato para el cual fue elegido por los baja californianos. Para decirlo de otra forma, en el peninsular estado se ha fraguado una felonía constitucional con la anuncia de Andrés Manuel López Obrador.
Las ambiciones bastardas de un hombre acaudalado y dueño de infinidad de bienes raíces han sido hasta ahora solapadas por los integrantes del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la finalidad de violentar el Estado de Derecho mediante la simulación de la anuencia de quienes presuntamente son depositarios de la voluntad ciudadana, porque fueron elegidos para la honrosa tarea de hacer leyes más justas para garantizar la convivencia armónica de los baja californianos.
El problema es que esa presunta legislación ni responde a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California Norte, y mucho menos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que son las normas fundamentales hipotéticas que debieron normar el criterio de quienes por decisión de los ciudadanos accedieron al honroso encargo de ser diputados, o sea representantes populares, que también tienen la potestad de vigilar el cumplimiento fiel de las leyes.
Por lo pronto esa bola de sátrapas que por unas monedas vendieron su honra a uno de los hombres más ricos y ambiciosos de la parte norte del país, porque al cabo del tiempo nos hemos enterado de que el poderío económico de quién ha sido elegido por los baja californianos como su gobernador, es el principal instrumento para la perversión democrática que se ha fraguado incluso con la complicidad del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora se hecho a un lado para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que enmendar el entuerto.
Claro está que la tibieza del Primer Mandatario proviene del compromiso adquirido con el señor Bonilla, porque fue quien pagó la mayor parte su campaña presidencial en el norte del país, a decir de los propios bajacalifornianos. Durante mucho tiempo se afirmó que a Andrés Manuel López Obrador le importaba un bledo la Constitución porque se acostumbró a violentarla cuántas veces quiso, y ahora que representa al Estado Mexicano menos respeto le merece, aunque la juramento cuando protestó el honroso encargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
En México hay un vacío de poder a conveniencia de los compromisos políticos del Presidente de la República, y es un vacío artificial, y motivo por el que debiera ser incoado un juicio político en su contra por abdicar de su juramento constitucional de guardar y hacer guardar esa Constitución que está siendo mancillada por las ambiciones bastardas de poder de uno de sus mejores amigos y financieros. Amor con amor se paga dijo una vez, y hasta ahora entendemos el sentido de su aseveración. ¿Que sigue? De no haber un contrapeso real, la dictadura. Al tiempo.
Por: Vladimir Galeana Solórzano
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.